La denuncia se basa en el artículo 455 del Código Penal y revive el debate sobre los límites de la oposición y la defensa de la soberanía nacional.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó una denuncia formal por el delito de traición a la patria contra los congresistas de oposición Lina María Garrido y JP Hernández, luego de que ambos promovieran públicamente la intervención militar de Estados Unidos en territorio colombiano.
Estas afirmaciones contravienen la Constitución Política de 1991 y el Código Penal, al abrir la puerta a la injerencia extranjera y poner en riesgo la soberanía nacional. La denuncia se sustenta en el artículo 455 del Código Penal colombiano, que establece penas de 20 a 30 años de prisión para quien realice actos que busquen someter al país al dominio extranjero, afectar su naturaleza de Estado soberano o fracturar la unidad nacional.
“El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero (…) incurrirá en prisión de veinte a treinta años” — Artículo 455, Código Penal.
Las declaraciones de Garrido y Hernández no serían hechos aislados. En distintas intervenciones y publicaciones, ambos han insistido en la idea de una “acción militar” extranjera como salida política, normalizando la entrega de la soberanía. Hasta ahora, esos llamados no habían tenido consecuencias judiciales, pero la coyuntura global cambia el escenario.
La crítica política no puede cruzar la línea de la traición. Colombia es un Estado soberano y ningún cargo de elección popular habilita a promover la ocupación militar extranjera. La denuncia de Sanguino marca un precedente: la institucionalidad se defiende y la Constitución se respeta.
¿Hasta dónde puede llegar la oposición cuando el odio político la lleva a pedir invasiones extranjeras?
