El presidente no logró recuperar el control territorial en el plazo anunciado. Un paro armado paramilitar en Santa Marta, 500 indígenas desplazados en Nuquí, asesinatos de líderes sociales y una caída del 47 % en las incautaciones de cocaína desmienten su promesa de seguridad.
Los 90 días que Abelardo de la Espriella fijó para recuperar el control territorial de Colombia terminaron el 4 de noviembre. Sin embargo, los grupos armados siguen asesinando, desplazando comunidades, atacando a la Fuerza Pública e imponiendo restricciones a la población. La guerra continúa y los resultados de seguridad están lejos de la transformación que prometió el presidente.
Un registro independiente de Parte Colombia contabiliza, desde el 7 de agosto, 161 hechos violentos, 511 víctimas entre muertos, heridos y secuestrados, 66 civiles asesinados y 44 uniformados muertos. Aunque estas cifras todavía requieren una auditoría independiente, muestran la dimensión de la violencia documentada durante el nuevo Gobierno. Parte Colombia
Santa Marta: los paramilitares impusieron un paro armado
El 21 de septiembre, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) impusieron un paro armado que afectó a Santa Marta y sectores de Magdalena y La Guajira. Comerciantes, transportadores y comunidades quedaron sometidos a restricciones decretadas por una organización ilegal.
El propio grupo anunció que levantaría el paro el 25 de septiembre. El episodio dejó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hablar de recuperación territorial cuando una estructura paramilitar todavía puede ordenar la paralización de actividades económicas y sociales? Caracol Radio+1
Nuquí: 500 indígenas obligados a abandonar sus hogares
El primero de noviembre, a tres días de vencer el plazo presidencial, aproximadamente 500 indígenas de Villa Nueva, en Nuquí, Chocó, fueron desplazados por la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo.
La Defensoría del Pueblo confirmó que la emergencia ocurrió después del asesinato de dos personas y del presunto secuestro de una tercera. También advirtió que otros 300 habitantes de Puerto Indio estaban en riesgo de desplazamiento. Defensoría
Líderes sociales, masacres y uniformados muertos
La violencia contra quienes defienden sus comunidades tampoco se detuvo. Indepaz registró 16 líderes sociales asesinados, cinco firmantes de paz asesinados y diez masacres con 30 víctimas solamente entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre. Caracol Radio
Los integrantes de la Fuerza Pública también han seguido pagando con sus vidas. Parte Colombia registra 44 uniformados muertos desde la posesión presidencial, una cifra independiente que aún debe contrastarse con los reportes oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía.
Los ataques con explosivos continuaron hasta los últimos días del plazo. Entre el 30 de octubre y el primero de noviembre, atentados en Cauca, Huila y Tolima dejaron al menos cinco muertos, incluida una bebé de dos meses.
Menos cocaína incautada y capturas lejos de un récord
Los indicadores de lucha contra el narcotráfico tampoco respaldan el discurso de resultados extraordinarios.
Entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre, las autoridades incautaron 63,31 toneladas de cocaína, 47 % menos que en el mismo periodo de 2025. En total, los decomisos de estupefacientes llegaron a 94,87 toneladas, un 45 % por debajo del promedio comparable de los cuatro años anteriores. EL PAÍS América Colombia
En capturas, la Policía registró 13.580 entre el 7 de agosto y el primero de septiembre. Aunque la cifra superó ligeramente el promedio de los tres años anteriores, fue la quinta más baja de los últimos 16 años para ese periodo. Además, el 87 % correspondió a capturas en flagrancia, no a órdenes judiciales producto de investigaciones. La Silla Vacía
La promesa venció, pero la guerra sigue
De la Espriella recibió un país con una grave crisis de seguridad, pero fue él quien aseguró que podía recuperar el control territorial mediante un plan de choque de 90 días. Posteriormente matizó el alcance de esa promesa.
La realidad al vencimiento del plazo es que los paramilitares siguen imponiendo restricciones, las comunidades indígenas continúan huyendo de sus territorios, los líderes sociales siguen siendo asesinados y los grupos armados mantienen capacidad para atacar.
El presidente prometió recuperar el control del país en 90 días. El plazo se cumplió, pero los territorios siguen esperando. Y mientras el Gobierno insiste en mostrar autoridad, son las comunidades las que continúan pagando las consecuencias de una guerra que no se detiene.
