Caracas y otras ciudades bajo fuego, estado de emergencia declarado.
En la madrugada de este 3 de enero de 2026, Caracas y varias zonas de Venezuela vivieron una serie de al menos siete explosiones y actividad aérea militar, con ruido de aeronaves volando a baja altura y pánico en las calles, según reportes desde la capital venezolana. El gobierno declaró estado de emergencia ante lo que describió como una agresión extranjera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos dentro de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y sacados del país, sin ofrecer evidencia independiente ni detalles concretos de la operación.
Trump aseguró que la acción fue “exitosa” y diseñada para que Maduro responda ante la justicia por cargos, incluyendo narcotráfico, por los cuales fue imputado en Estados Unidos.
Aunque las cifras oficiales de víctimas aún no han sido confirmadas, informes preliminares señalan que hay muertos y heridos, tanto civiles como militares, tras las detonaciones y el despliegue de fuerzas armadas en varios sectores de la capital.
Ante la escalada militar y el riesgo para la población civil, el presidente Gustavo Petro anunció que citó una reunión de emergencia en la OEA (Organización de Estados Americanos) para exigir una respuesta multilateral que priorice la vida, la soberanía y el derecho internacional humanitario.
En un continente marcado por intervenciones externas, la pregunta queda abierta:
¿quién protege hoy a los pueblos cuando la guerra vuelve a imponerse sobre el derecho?
