La Corte Constitucional decidió **suspender provisionalmente la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, una medida que buscaba enfrentar el déficit fiscal y garantizar recursos para el funcionamiento del Estado y los programas sociales.
La decisión frena temporalmente el decreto y todas las medidas adoptadas bajo esa figura excepcional, mientras la Corte estudia su constitucionalidad de fondo. En la práctica, esto significa que quedan congeladas iniciativas tributarias que apuntaban a sectores con mayor capacidad económica, evitando que el peso de la crisis siguiera cayendo sobre la clase trabajadora.
Desde el Gobierno se había advertido que la emergencia era una herramienta para evitar recortes sociales, cumplir obligaciones financieras del Estado y proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, una vez más, cuando se intenta tocar privilegios históricos, el freno no viene del pueblo sino de las élites institucionales.
Esta suspensión no ocurre en el vacío. Se da en medio de una confrontación abierta entre un Gobierno que intenta redistribuir cargas y un establecimiento que históricamente ha garantizado que los costos de las crisis los paguen los mismos de siempre. No es un debate técnico aislado: es una disputa política profunda sobre quién debe asumir el costo del país que heredamos.
Mientras la Corte decide de fondo, el mensaje es claro: las reformas por la vía democrática incomodan, y las soluciones estructurales para el pueblo siguen encontrando muros.
La pregunta es inevitable:
¿A quién protege realmente el freno a la emergencia económica: al país o a los poderosos que nunca pierden?
