Urabá antioqueño, Colombia.
Organizaciones de víctimas del conflicto armado presentaron una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
La acción judicial no solo apunta a la ejecución material de los crímenes, sino a una posible responsabilidad de mando, es decir, al conocimiento, tolerancia o incluso facilitación de operaciones conjuntas entre estructuras paramilitares y miembros del Ejército Nacional en ese periodo.
Una masacre que marcó la historia
El 21 de febrero de 2005, un grupo de más de 100 hombres, entre paramilitares del Bloque Bananero y efectivos del Ejército, incursionaron en la zona. El resultado fue el asesinato de al menos 8 personas, entre ellas mujeres, niños y líderes comunitarios.
San José de Apartadó no era un territorio cualquiera: era una comunidad reconocida nacional e internacionalmente por su posición de neutralidad frente al conflicto armado, lo que convirtió la masacre en un símbolo de la violencia contra la población civil organizada.
Las pruebas: testimonios, documentos y confesiones
Según los denunciantes, el caso ante la CPI está respaldado por un conjunto de elementos que buscan demostrar que no se trató de hechos aislados:
- Testimonios de sobrevivientes que relatan la presencia conjunta de militares y paramilitares
- Confesiones de exparamilitares que vinculan estructuras estatales
- Informes de organismos internacionales que documentan patrones sistemáticos de violencia
- Documentos que evidenciarían estrategias de control territorial durante la época
Estos elementos apuntan a un patrón más amplio: la persecución de comunidades que promovían la paz y la autonomía territorial.
¿Por qué la Corte Penal Internacional?
Las víctimas sostienen que en Colombia no ha habido justicia plena. Argumentan que la impunidad estructural y la falta de esclarecimiento total obligan a acudir a instancias internacionales.
La CPI, con sede en La Haya, tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo de manera efectiva.
Responsabilidad de mando: el centro del debate
El eje de la denuncia no es menor: se trata de establecer si, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, Uribe tenía conocimiento de estos hechos y no actuó para prevenirlos o sancionarlos.
La figura de responsabilidad de mando implica que un superior puede ser judicialmente responsable no solo por órdenes directas, sino por omisión frente a crímenes sistemáticos.
Memoria, justicia y disputa política
Este caso revive uno de los debates más profundos del país:
¿hubo una política sistemática de connivencia entre sectores del Estado y el paramilitarismo?
Mientras sectores políticos defienden la gestión de seguridad de la época, organizaciones de derechos humanos insisten en que la verdad completa aún no ha salido a la luz.
Un llamado internacional
Las víctimas han hecho un llamado a la comunidad internacional para acompañar el proceso y evitar que el caso quede en la impunidad.
“No buscamos venganza, buscamos verdad, justicia y garantías de no repetición”, han reiterado voceros de las organizaciones.
La denuncia ante la CPI no es solo un hecho judicial: es un nuevo capítulo en la disputa por la memoria histórica del país.
Mientras Colombia intenta avanzar hacia la paz, las heridas del pasado siguen abiertas y exigiendo respuestas.
