El presidente Gustavo Petro movió una ficha clave en el tablero de la salud: ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud investigar a fondo el manejo de recursos del sistema —incluido el FOMAG— y fijó un plazo contundente de 15 días para entregar resultados.
Pero el anuncio no se quedó en lo institucional. En paralelo, el exalcalde Daniel Quintero entró al debate con fuerza, alineándose con el Gobierno y apuntando directamente a las EPS, en lo que muchos ya leen como una tarea política clara: destapar lo que hay detrás del negocio de la salud.
La orden: se acabó el tiempo para las EPS
El mensaje del Gobierno es directo:
no más dilaciones.
- 15 días para identificar responsables
- Revisión de contratos y flujos de dinero
- Investigación sobre posibles irregularidades
- Acciones concretas, no informes eternos
La presión no es menor: por primera vez en mucho tiempo, el foco no está en los pacientes… sino en quién maneja la plata.
Quintero entra al frente: del silencio al señalamiento
Daniel Quintero no llegó a matizar el debate, llegó a encenderlo.
Su intervención refuerza la línea del Gobierno:
- Señala a las EPS como eje del problema
- Cuestiona la intermediación financiera
- Respaldar una transformación profunda del sistema
En la práctica, se convierte en una voz política que amplifica la ofensiva contra el modelo actual.
El verdadero objetivo: seguir la plata
Durante años, el sistema ha sido criticado por:
- Deudas a hospitales
- Demoras en atención
- Recursos que no aparecen
- Intermediación opaca
Ahora el Gobierno cambia la pregunta:
no es por qué falla el sistema…
es quién se está quedando con la plata.
Choque frontal: modelo de negocio vs derecho a la salud
Lo que está pasando no es menor. Es un pulso directo entre dos visiones:
- Las EPS como administradoras del sistema
- El Estado como garante directo del derecho
La orden de Petro no es solo administrativa:
es un paso más en el desmonte del modelo que convirtió la salud en intermediación financiera.
