A pesar de que es de 2016 la DIAN denunció que por lo menos 40,000 millones de pesos de las empresas de Tomás y Jerónimo Uribe no tendrían todos los requisitos de ley como la trazabilidad bancaria y la declaración de ingresos así como movimientos de grandes sumas en efectivo la fiscalía no ha pasado de la etapa de investigación preliminar ni para avanzar, ni para cerrar el caso.
La denuncia cae sobre tres de las múltiples empresas de Tomás y Jerónimo Uribe, se trata de la empresa C.I. Ecoeficiencia SAS, por hechos de 2005 a 2007, y se extiende luego a Jaguar Capital SAS y 31416 SAS, por movimientos de 2012 a 2014, tres sociedades en las que los hermanos Uribe Moreno figuran como socios, y dos de ellas –Jaguar y 31416– con Tomás como representante legal, según el propio informe de la Dian, según lo denunció la revista Cambio.
Los Uribe han sido ampliamente cuestionados y sus riquezas generadas durante el gobierno de Álvaro Uribe han generado todo tipo de suspicacias lo cierto es que hay denuncias formales que los entes de investigación no han querido indagar.
A pesar de la ausencia de acciones por parte de la fiscalía, el reciente llamado a indagatoria Álvaro Uribe por las masacres del aro y la granja son señaladas por el exmandatario como persecución política, pretendiendo tender una cortina de humo sobre lo que ha sido un claro favorecimiento de la justicia hacia su persona y su entorno familiar.
Además de las irregularidades denunciadas por la dirección de impuestos y aduanas nacionales sobre esas tres empresas también recae sobre los hijos de Uribe la acusación en torno a intereses indebidos en la compra de un lote en el municipio cercano de Madrid que luego se convirtió en una zona franca durante el gobierno de su padre y que aumentó el valor de las tierras en una cifra cercana al 300%.
