El presidente electo anunció que retomará las fumigaciones con glifosato, endurecerá la política antidrogas y defendió una respuesta contundente frente a las protestas, reavivando el debate sobre derechos humanos, ambiente y uso de la fuerza.
En una reciente entrevista, el presidente electo Abelardo de la Espriella volvió a dejar claras las líneas que marcarían el inicio de su gobierno. Entre sus anuncios más polémicos aseguró que, a partir del 8 de agosto, ordenará retomar la fumigación aérea y la erradicación de cultivos de coca, una estrategia que durante años dividió al país por sus efectos sobre la salud, el medio ambiente y las comunidades campesinas.
El anuncio supone un giro frente a la política de sustitución voluntaria y desarrollo rural impulsada en los últimos años, y revive una de las discusiones más sensibles del conflicto colombiano: si la guerra contra las drogas debe seguir librándose mediante la erradicación forzada o mediante programas integrales para transformar los territorios.
Pero las declaraciones no se limitaron a la política antidrogas.
Durante la entrevista, De la Espriella también defendió una postura de máxima severidad frente a disturbios y protestas violentas, afirmando que la Fuerza Pública deberá actuar con firmeza para restablecer el orden. Entre las frases que más controversia generaron estuvo la expresión de que a quienes “quieran ver cómo muerde el tigre” se les “tiene que dar de baja”, palabras que han sido interpretadas por distintos sectores como un mensaje de endurecimiento extremo frente al uso de la fuerza.
Las reacciones no tardaron en aparecer. Organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes sociales y distintos sectores políticos manifestaron preocupación por el lenguaje utilizado y advirtieron sobre el riesgo de que este tipo de mensajes pueda interpretarse como una flexibilización de los límites en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
La propuesta de retomar las fumigaciones también vuelve a poner sobre la mesa un debate que Colombia ha vivido durante décadas. Diversos estudios y decisiones judiciales llevaron a suspender esta práctica debido a las dudas sobre sus impactos ambientales y sanitarios, mientras que sectores favorables sostienen que constituye una herramienta necesaria para combatir el narcotráfico.
Así, antes incluso de asumir oficialmente el poder, el presidente electo ya perfila un gobierno basado en una política de seguridad más estricta, el fortalecimiento de la ofensiva contra los cultivos ilícitos y una postura mucho más dura frente a las manifestaciones que alteren el orden público.
Con estas declaraciones, el debate político vuelve a centrarse en una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad sin comprometer las garantías constitucionales y los derechos humanos?
