La preocupación volvió a instalarse entre líderes sociales y comunidades de Antioquia y el Magdalena Medio luego de la circulación de un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que ese grupo armado ilegal lanza amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y personas señaladas por ellos de colaborar con grupos insurgentes.
El documento, que comenzó a difundirse en las últimas horas, menciona a varias personas y organizaciones, a las que declara como “objetivos militares”, una práctica utilizada históricamente por estructuras armadas para intimidar, generar desplazamientos y restringir el trabajo de liderazgo comunitario.
Crece el temor entre las comunidades
La amenaza ha generado preocupación debido a que ocurre en un contexto de persistencia de la violencia armada en distintas zonas de Antioquia y el Magdalena Medio, donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes continúan denunciando la presencia y el control territorial de grupos armados ilegales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones que este tipo de panfletos no deben minimizarse, pues en muchos casos anteceden agresiones, desplazamientos forzados o asesinatos contra líderes sociales.
Piden protección inmediata
Tras conocerse el contenido del panfleto, distintos sectores hicieron un llamado al Estado para que active de manera urgente medidas de protección para las personas amenazadas y fortalezca la presencia institucional en los territorios afectados.
Asimismo, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación investigar el origen del documento e identificar a los responsables de las amenazas, con el fin de evitar que se materialicen nuevos hechos de violencia.
Persisten los riesgos para quienes defienden el territorio
Las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo uno de los principales desafíos para la construcción de paz en Colombia. Estas personas desempeñan un papel fundamental en la defensa del territorio, la protección ambiental, la restitución de derechos y el acompañamiento a comunidades vulnerables, razón por la cual diferentes organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de reforzar las garantías para el ejercicio de su labor.
