¿Qué está en juego con la JEP? La propuesta de Abelardo de la Espriella reabre el debate sobre la paz, la verdad y los derechos de las víctimas
Las recientes declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, en las que reiteró su intención de “acabar con la JEP”, han generado una fuerte controversia en distintos sectores políticos, jurídicos y de víctimas del conflicto armado. La propuesta ha sido cuestionada porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los pilares del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y constituye un mecanismo diseñado para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Qué es la JEP y por qué existe?
La Jurisdicción Especial para la Paz nació como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC.
Su propósito no es únicamente juzgar a excombatientes de esa guerrilla. También investiga y juzga a integrantes de la Fuerza Pública y a terceros civiles que participaron en crímenes relacionados con el conflicto armado, siempre bajo un modelo de justicia transicional que busca esclarecer lo ocurrido y garantizar los derechos de las víctimas.
Los resultados que ha presentado la JEP
Desde su creación, la JEP ha documentado algunos de los capítulos más graves del conflicto colombiano. Entre sus principales avances se encuentran:
- El esclarecimiento de miles de casos de secuestro cometidos por las antiguas FARC.
- La investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, estableciendo que el número de víctimas fue mucho mayor al reconocido inicialmente.
- El avance en investigaciones sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
- La imposición de las primeras sanciones propias dentro del modelo de justicia restaurativa.
Para organizaciones de víctimas y expertos, estos procesos representan avances que durante décadas no habían logrado la justicia ordinaria ni otros mecanismos del Estado.
¿Puede un presidente eliminar la JEP?
Diversos constitucionalistas coinciden en que no.
La JEP hace parte del Acuerdo de Paz y varios de sus componentes fueron incorporados a la Constitución mediante reformas constitucionales. Por esa razón, un presidente no puede eliminarla mediante decreto o decisión administrativa.
Cualquier intento de desmontarla requeriría reformas constitucionales, mayorías en el Congreso y enfrentaría además compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. Incluso expertos advierten que hacerlo podría abrir litigios nacionales e internacionales por afectación de los derechos de las víctimas.
Las críticas de De la Espriella
El presidente electo ha sostenido que la JEP es costosa, que ha generado impunidad y que ha perseguido injustamente a miembros de la Fuerza Pública. Bajo ese argumento ha insistido en que buscará desmontarla durante su gobierno.
Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios sostienen que, aunque la JEP puede ser objeto de reformas o ajustes, eliminar completamente el sistema sería jurídica y políticamente mucho más complejo de lo que sugieren las declaraciones de campaña.
Un debate que trasciende la política
Para miles de víctimas del conflicto armado, la discusión no se limita a una institución. La JEP representa un espacio donde pueden conocerse responsabilidades, reconstruirse hechos ocurridos durante décadas de guerra y acceder a procesos de reparación.
Por ello, organizaciones de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y distintos sectores políticos han expresado preocupación frente a la posibilidad de debilitar la justicia transicional y las instituciones creadas tras el proceso de paz.
