Un juez de Medellín ordenó al alcalde Federico Gutiérrez retractarse públicamente por haber cancelado, en abril pasado, el lanzamiento del libro M-19: de la guerra a la política, una decisión que generó una fuerte controversia nacional y abrió un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la autonomía de los espacios culturales y el uso del poder público.
El fallo, emitido por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín, concluyó que la actuación de la Alcaldía y de la Biblioteca Pública Piloto constituyó un acto de censura y vulneró derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, el acceso a la cultura y el debate público.
La polémica comenzó con una orden del alcalde
La controversia se originó el 21 de abril, cuando Federico Gutiérrez anunció a través de su cuenta de X que había ordenado cancelar la presentación del libro M-19: de la guerra a la política, escrito por el sociólogo Jaime Rafael Nieto López.
En ese momento, el mandatario aseguró que en Medellín “no tendría espacio la apología al terrorismo” y sostuvo que el evento tenía un carácter político incompatible con la Ley de Garantías Electorales.
La decisión fue ampliamente cuestionada por académicos, organizaciones culturales, defensores de derechos humanos y distintos sectores políticos, quienes consideraron que la medida representaba una forma de censura previa sobre una obra de carácter investigativo.
El evento terminó realizándose pese a la prohibición
Aunque la Alcaldía retiró el respaldo institucional y ordenó la suspensión del lanzamiento, el conversatorio finalmente se realizó gracias a la permanencia del autor, los panelistas y decenas de asistentes que decidieron continuar con la actividad dentro de la Biblioteca Pública Piloto.
Los organizadores calificaron esa decisión como un acto de resistencia en defensa de la libertad académica y del derecho al debate de ideas.
El juez rechazó los argumentos de la Alcaldía
Durante el proceso judicial, la Alcaldía sostuvo que no existía vulneración de derechos porque el evento finalmente sí se llevó a cabo y defendió que la cancelación obedecía al cumplimiento de la Ley de Garantías.
Sin embargo, el despacho judicial descartó esa tesis.
Según la sentencia, la vulneración ocurrió desde el momento mismo en que una autoridad pública utilizó su poder para impedir el desarrollo normal de una actividad académica previamente autorizada.
El fallo señala que:
“Dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público”.
La orden judicial
Como medida de reparación, el juzgado ordenó al alcalde Federico Gutiérrez y a la Biblioteca Pública Piloto emitir una retractación pública reconociendo que sus actuaciones vulneraron derechos fundamentales.
Además, deberán reafirmar su compromiso con:
- la libertad de expresión;
- la pluralidad de ideas;
- el libre debate académico;
- y la prohibición constitucional de la censura.
La comunicación deberá difundirse por los mismos canales institucionales utilizados para anunciar la cancelación del evento.
