Ciro David Paz Banguero, abogado de 31 años, asesor jurídico de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Valle del Cauca y reconocido líder comunitario de Guachené (Cauca), fue asesinado tras un ataque armado ocurrido en una vivienda del oriente de Cali.
Según la información preliminar entregada por las autoridades, un hombre armado ingresó al lugar donde Paz Banguero compartía con familiares y abrió fuego en repetidas ocasiones contra él. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Holmes Trujillo, falleció debido a la gravedad de las heridas. La Fiscalía y la Policía adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha confirmado si el homicidio está relacionado con su labor profesional o con su liderazgo social.
Paz Banguero era ampliamente reconocido por su trabajo con comunidades afrodescendientes y campesinas. Antes de llegar a la Agencia Nacional de Tierras había acompañado procesos de restitución de tierras y defensa de derechos territoriales, además de participar en iniciativas para ampliar el acceso a la educación superior de jóvenes afro en el norte del Cauca.
El asesinato generó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos. Indepaz registró el caso como el líder social número 78 asesinado en Colombia durante 2026 y recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido, mediante una alerta temprana, sobre el alto riesgo que enfrentan líderes sociales en Cali por la presencia y disputa de distintos grupos armados ilegales.
El crimen también provocó pronunciamientos desde distintos sectores que exigieron garantías para quienes trabajan en procesos de acceso, formalización y restitución de tierras, así como una investigación que permita esclarecer tanto los autores materiales como los intelectuales del asesinato.
La muerte de Ciro David Paz Banguero vuelve a poner sobre la mesa una preocupación persistente en Colombia: la seguridad de los líderes sociales y de quienes acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos territoriales. Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones sociales insisten en que estos hechos no pueden convertirse en una estadística más y reclaman medidas efectivas para proteger la vida de quienes ejercen liderazgo en los territorios.
