La Agencia Nacional de Minería autorizó extender hasta el 8 de diciembre de 2027 la etapa de exploración del proyecto Quebradona, de AngloGold Ashanti, en Jericó y Támesis. La decisión permite que la empresa continúe estudios geológicos, ambientales e hídricos mientras crece la preocupación de las comunidades por el futuro minero de la región.
El proyecto minero Quebradona vuelve a estar en el centro de la discusión en Antioquia. La Agencia Nacional de Minería (ANM) autorizó extender hasta el 8 de diciembre de 2027 la etapa de exploración del proyecto de AngloGold Ashanti en los municipios de Jericó y Támesis.
La decisión significa que la empresa podrá continuar durante ese periodo con estudios y actividades de exploración, incluyendo análisis geológicos, ambientales y del recurso hídrico.
Y aunque es importante aclararlo —esto no equivale a una licencia para explotar la mina—, sí representa un nuevo capítulo para un proyecto que durante años ha generado una fuerte controversia en el Suroeste antioqueño.
Porque Quebradona no es cualquier proyecto minero.
Su eventual desarrollo ha provocado una profunda discusión sobre el modelo económico que se quiere para Jericó y para todo el Suroeste: una región reconocida por su producción agrícola, sus fuentes de agua, sus ecosistemas y una economía rural que las comunidades han defendido durante años.
Por eso la autorización de la ANM vuelve a encender las alarmas.
La pregunta no es solamente cuánto oro o cobre podría extraerse. La pregunta fundamental es qué impacto tendría hacerlo y quién asumiría las consecuencias ambientales si los estudios terminan demostrando riesgos sobre el agua y los ecosistemas.
Y precisamente ahí está uno de los elementos más importantes de esta decisión: la propia etapa que acaba de ser extendida contempla que la empresa continúe realizando estudios sobre el recurso hídrico y los impactos ambientales.
Es decir, todavía existen preguntas fundamentales por resolver.
¿Qué pasará con el agua?
¿Cuál sería el impacto sobre las actividades agrícolas?
¿Qué consecuencias tendría una eventual explotación sobre los ecosistemas?
¿Y qué dicen las comunidades que llevan años manifestándose frente al proyecto?
Durante el Gobierno Petro, el debate ambiental tomó una dirección mucho más clara hacia la protección de ecosistemas estratégicos, el agua y la participación de las comunidades frente a los grandes proyectos extractivos.
Ahora, bajo el Gobierno de Abelardo, Quebradona vuelve a recibir tiempo y espacio institucional para avanzar en su fase de exploración.
Y aunque jurídicamente todavía no significa que AngloGold Ashanti pueda comenzar a explotar, sí mantiene abierta la puerta para que el proyecto avance hacia nuevas etapas.
Por eso la decisión merece vigilancia pública.
Porque detrás de los términos técnicos —“exploración”, “estudios geológicos”, “recurso hídrico”— existe una discusión mucho más grande: qué modelo de desarrollo quiere Antioquia y qué está dispuesto a sacrificar para impulsar la minería.
Jericó y Támesis ya conocen esa discusión.
Y sus comunidades han dejado claro durante años que el agua y el territorio no pueden tratarse simplemente como variables dentro de un proyecto extractivo.
Quebradona no tiene todavía una licencia para explotar. Pero con esta decisión, el proyecto sigue vivo y tendrá hasta 2027 para continuar buscando las condiciones que le permitan avanzar.
La pregunta ahora es si el Gobierno de Abelardo va a priorizar la protección de los territorios y sus comunidades o si, una vez más, serán los intereses extractivos los que terminen marcando el rumbo del Suroeste antioqueño.
