Cristina Lombana, elegida para dirigir la Secretaría de Transparencia, también ha enfrentado controversias por su pensión de invalidez, su condición de militar mientras ejercía como magistrada y denuncias de un colega ante el Congreso.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella designó para dirigir la Secretaría de Transparencia a Cristina Lombana, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia que en 2024 propuso archivar el proceso contra Arturo Char por presunta corrupción electoral. La revelación de El Espectador pone bajo escrutinio los antecedentes de quien tendrá la responsabilidad de encabezar la política anticorrupción de la Presidencia.
Quiso archivar el caso Char, pero la Corte lo acusó
Según la investigación publicada por El Espectador, Lombana elaboró una ponencia de 210 páginas en la que consideraba insuficientes las pruebas contra Arturo Char. El proyecto nunca fue discutido por la Sala de Instrucción y, posteriormente, cuatro magistrados encontraron elementos suficientes para acusarlo por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. La decisión quedó en firme el 9 de julio de 2026.
Hay que recordar que la Secretaría de transparencia debe ser ejercida por personas de trayectoria intachable y que si realmente se quiere luchar contra la corrupción este debería ser un cargo que genere confianza en todas las partes, sin embargo, el desatino de Espriella hace pensar que este gobierno realmente no estaría interesado en la transparencia y que más que denunciar la corrupción al secretaría se estaría usando para pagar favores políticos.
Pensión de invalidez con pérdida de capacidad laboral del 100 %
Otra controversia surgió en 2022, cuando se conoció que Lombana recibía una pensión militar de invalidez reconocida con una pérdida de capacidad laboral del 100 %, mientras ejercía como magistrada. El Ministerio de Defensa confirmó esa calificación médica y explicó que el régimen especial de la Fuerza Pública permitía recibir la pensión simultáneamente con su salario judicial. La situación generó cuestionamientos públicos, pero esa compatibilidad no constituye por sí misma una irregularidad.
Lombana también fue cuestionada por haber sido elegida magistrada en 2018 cuando todavía era mayor activa del Ejército. Esta doble condición provocó que fuera apartada de varios expedientes, incluidos procesos relacionados con Álvaro Uribe, ante preocupaciones sobre su independencia e imparcialidad. En 2020, la Corte Suprema archivó la actuación administrativa sobre su nombramiento al concluir que no tenía competencia para revocarlo.
Denuncias por presunto abuso de autoridad
En agosto de 2026, El Espectador reveló detalles de una denuncia presentada por el magistrado Francisco Farfán contra Lombana, que incluía señalamientos de presunto abuso de autoridad, amenazas y persecución. La Comisión de Acusación abrió una investigación previa, cuyo trámite se vio afectado por recusaciones. Lombana ha rechazado los señalamientos y sostiene que ha sido víctima de una campaña de desprestigio.
El nombramiento anunciado por De la Espriella el 29 de septiembre de 2026 reúne antecedentes que merecen escrutinio público: una ponencia favorable al archivo de un caso de corrupción electoral, una pensión de invalidez compatible legalmente con su cargo, cuestionamientos por su condición militar y una investigación previa derivada de denuncias de un colega. Ninguno de estos hechos demuestra por sí solo corrupción de Lombana, pero el Gobierno deberá explicar qué garantías de independencia tendrá la funcionaria encargada de vigilar el manejo de los recursos públicos.
