Investigaciones de CasaMacondo y Caracol Radio revelaron presuntas inconsistencias en títulos académicos, estudios y certificaciones laborales de cinco altos funcionarios. Los hallazgos ponen bajo la lupa los controles del Gobierno para verificar las credenciales de quienes llegan a cargos públicos.
Ya son cinco los altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella señalados en investigaciones periodísticas por haber presentado presuntamente información irregular sobre sus estudios o experiencia profesional. Entre ellos aparecen dos funcionarios de la Cancillería, la ministra de Cultura y dos viceministros.
Las revelaciones, publicadas por CasaMacondo y Caracol Radio, incluyen títulos académicos que no corresponderían a los estudios realizados, posgrados inconclusos presentados como terminados y certificaciones laborales con fechas inconsistentes.
Los cinco casos
1. Omar Bula Escobar, canciller. Según CasaMacondo, registró un curso de cinco días en Harvard como formación técnica y un certificado de educación continua de George Washington como especialización. La investigación también encontró diferencias en la información sobre otros estudios universitarios.
2. Gina González Grau, secretaria general de la Cancillería. Caracol Radio reveló que se certificó experiencia como directora de su propia empresa desde febrero de 2021, aunque la sociedad fue registrada formalmente en 2023. La diferencia plantea interrogantes sobre la experiencia acreditada.
3. Paola Holguín, ministra de Cultura. Una investigación de CasaMacondo señaló inconsistencias en la información sobre una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Según el medio, la institución académica no confirmó que hubiera obtenido el título presentado.
4. Reynaldo José D’Silva Uribe, viceministro de Vivienda. Habría presentado en perfiles profesionales una maestría de la Universidad Externado que no terminó. El funcionario reconoció que no se había graduado y atribuyó la información incorrecta a un error de digitación.
5. Gustavo Guerrero Ruiz, viceministro de Ambiente. Fue señalado por aparecer en perfiles públicos con una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana que no había concluido. El Ministerio atribuyó la inconsistencia a un error de comunicaciones.
¿Cómo llegaron a altos cargos?
Los casos ponen sobre la mesa una pregunta que el Gobierno debe responder: ¿qué mecanismos utilizó para comprobar la información académica y laboral de sus funcionarios?
Las entidades públicas tienen la responsabilidad de verificar los requisitos exigidos para cada nombramiento. Sin embargo, las irregularidades denunciadas no demuestran por sí solas que todos los funcionarios hayan incumplido esos requisitos ni que exista falsedad documental.
Cinco casos distintos, pero una misma exigencia de transparencia.
