El Gobierno revocó la resolución que impedía nuevas concesiones mineras y contratos petroleros en el bioma amazónico. La decisión elimina una protección especial sobre el 42 % del territorio continental colombiano y abre interrogantes sobre el futuro de la selva frente a los intereses extractivos.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de desmontar una de las principales medidas ambientales adoptadas durante la administración de Gustavo Petro. El Ministerio de Ambiente revocó la Resolución 0961 de 2026, que había declarado 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana como reserva definitiva de recursos naturales renovables.
La decisión, formalizada mediante la Resolución 1405 del 23 de octubre y anunciada el 26 de octubre, elimina el blindaje especial que impedía nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y autorizaciones asociadas a esas actividades dentro del bioma amazónico.
De proteger la selva a retirar sus restricciones
El 4 de agosto de 2026, en los últimos días del Gobierno Petro, el Ministerio de Ambiente declaró la reserva definitiva sobre 483.283 kilómetros cuadrados de la Amazonía, equivalentes al 42 % del territorio continental de Colombia. La medida buscaba impedir que la expansión petrolera y minera avanzara sobre uno de los ecosistemas más importantes del planeta, fundamental para la regulación del clima, el almacenamiento de carbono, la biodiversidad y la disponibilidad de agua.
Menos de tres meses después, el Gobierno De la Espriella decidió revocarla. La consecuencia es concreta: desaparece la prohibición general adicional que había establecido la resolución de Petro para nuevas actividades extractivas en toda el área delimitada. Las restricciones ambientales provenientes de otras normas siguen vigentes.
¿Una puerta abierta a los negocios extractivos?
La revocatoria modifica el escenario jurídico de una región sometida a presiones por deforestación, acaparamiento de tierras y explotación de recursos naturales. La eliminación de la prohibición general no significa que toda la Amazonía quede disponible automáticamente para nuevos proyectos. Cualquier actividad deberá cumplir las demás restricciones legales, territoriales y ambientales aplicables.
Sin embargo, retirar un instrumento diseñado específicamente para frenar la expansión extractiva representa un cambio significativo en la política de protección del territorio. El Gobierno sostiene que podrá adoptar nuevas medidas una vez adelante las consultas y evaluaciones correspondientes. Hasta ahora, no ha anunciado una protección sustitutiva de alcance equivalente.
La discusión va más allá de una resolución administrativa. Se trata de decidir si la Amazonía colombiana conservará una barrera general frente a nuevas actividades mineras y petroleras o si su futuro dependerá de restricciones parciales y decisiones posteriores.
