La declaración fue hecha por Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, quien actualmente participa como analista en la discusión económica. Su planteamiento es que Colombia debe ampliar la base tributaria y conseguir que más personas naturales paguen impuesto de renta.
El argumento parte de una preocupación real: el Estado necesita aumentar sus ingresos y corregir el desequilibrio de las finanzas públicas. Pero la discusión comienza justamente donde termina esa explicación: ¿quién debe pagar más?
Porque decir que hay que ampliar la base de contribuyentes no significa que cualquier colombiano tenga capacidad para asumir una nueva carga.
Actualmente, la DIAN establece umbrales concretos para determinar quién está obligado a declarar renta. Para el año gravable 2025, por ejemplo, uno de los criterios es haber tenido ingresos brutos iguales o superiores a $69,7 millones durante el año, además de otros criterios relacionados con patrimonio, compras, consumos o movimientos financieros.
Eso permite entender algo fundamental: declarar renta no equivale automáticamente a pagar impuesto, y mucho menos significa que cualquier trabajador que reciba un salario tenga capacidad económica para asumir una mayor tributación.
Una persona puede tener ingresos que apenas le alcanzan para pagar arriendo, alimentación, transporte, educación, servicios públicos y las demás necesidades de su hogar. Incluso puede superar temporalmente alguno de los umbrales por recibir un ingreso extraordinario o mover dinero que no representa necesariamente una mayor riqueza.
Por eso, convertir a las familias en la principal fuente adicional de recaudo puede resultar profundamente regresivo si no se establecen criterios de verdadera capacidad económica.
La discusión adquiere todavía más fuerza porque Londoño no plantea simplemente recaudar más: su propuesta parte de la idea de que las empresas no deberían soportar una mayor carga y que el esfuerzo debe ampliarse hacia las personas naturales.
Y ahí aparece una pregunta incómoda para el modelo económico que se está planteando alrededor del nuevo Gobierno: ¿quién recibe los alivios y quién termina haciendo el sacrificio?
Porque una cosa es combatir la evasión y hacer que quienes tienen altos ingresos, grandes patrimonios o rentas extraordinarias aporten lo que corresponde. Otra muy diferente es ampliar indiscriminadamente la cantidad de trabajadores y familias que deben pagar impuestos.
La propia DIAN muestra que el sistema ya diferencia entre obligación de declarar y obligación efectiva de pagar, precisamente porque la tributación depende de factores como ingresos, patrimonio, deducciones y rentas exentas.
Por eso el debate no debería reducirse a decir que “solo unos pocos pagan renta”. La pregunta verdaderamente importante es qué pocos deberían pagar más y cuánto pueden aportar sin poner en riesgo su capacidad de vivir dignamente.
Además, esta discusión tiene memoria.
Londoño ya había ocupado un lugar central en las discusiones tributarias del gobierno de Iván Duque. En 2021 defendió propuestas que buscaban ampliar el recaudo proveniente de personas naturales, en medio de una reforma tributaria que terminó provocando un enorme rechazo social.
Ahora, años después, vuelve a aparecer la misma lógica: si las empresas supuestamente ya no pueden soportar más impuestos, la alternativa serían más contribuyentes entre las personas naturales.
Y eso plantea una contradicción que vale la pena poner sobre la mesa.
Si el objetivo es cerrar el déficit fiscal, existen diferentes caminos: combatir la evasión, revisar beneficios tributarios, perseguir la elusión, gravar con mayor progresividad las rentas altas y los grandes patrimonios o ampliar la base tributaria.
Pero no todas las opciones tienen el mismo impacto social.
No es lo mismo pedirle un esfuerzo adicional a quien tiene millones en ingresos y patrimonio que cobrarle más a una familia que vive al límite de sus ingresos.
Por eso, detrás de la frase “las familias sí” hay una discusión mucho más profunda: ¿hasta dónde se pretende trasladar el costo del ajuste económico a los hogares colombianos?
La promesa de que las empresas necesitan alivios puede sonar atractiva desde la lógica empresarial. Pero si esos alivios terminan compensándose con una mayor carga sobre trabajadores y familias, entonces la pregunta inevitable es:
¿quién está siendo realmente protegido por el modelo económico y quién termina pagando la cuenta?
