El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 pone nuevamente en el centro una pregunta que no debería perderse entre las cifras fiscales: ¿quién termina pagando el costo del ajuste?
La propuesta contempla una reducción cercana al 40 % en el conjunto de subsidios analizados por La Silla Vacía, que pasarían de $22 billones en 2026 a cerca de $13 billones en 2027. Dentro de las transferencias monetarias están Colombia Mayor y Renta Joven, junto con Renta Ciudadana y la devolución del IVA. Esa bolsa pasaría de $9 billones a $7 billones.
Pero el impacto más delicado aparece cuando las cifras se traducen en personas.
Los adultos mayores: una población que no puede simplemente “esperar”
En 2026, Colombia Mayor cuenta con 3 millones de cupos, de acuerdo con la regulación vigente del programa. Además, la modalidad directa prioriza precisamente a personas en indigencia, pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad.
Es decir, estamos hablando de una población que, en muchos casos, no tiene otra fuente de ingresos.
El propio Gobierno había estimado que el Pilar Solidario permitiría que alrededor de 400.000 personas mayores salieran de la pobreza extrema durante 2026. Esa proyección muestra la dimensión del problema: para miles de adultos mayores, una transferencia estatal no representa un ingreso complementario, sino una herramienta para poder comprar alimentos, medicamentos y cubrir necesidades básicas.
Y ahora aparece un fuerte contraste.
Mientras la política social venía ampliando la protección económica para la población mayor, el proyecto presupuestal plantea una reducción significativa de los recursos disponibles para las transferencias.
De acuerdo con el análisis de La Silla Vacía, con la asignación actualmente contemplada Colombia Mayor tendría recursos suficientes únicamente para 3,5 de los 12 ciclos previstos para 2027. El mismo análisis advierte que eso dejaría potencialmente desatendidos a millones de beneficiarios si el presupuesto no es modificado durante su trámite.
Y los jóvenes tampoco quedan por fuera
Renta Joven enfrenta una situación igualmente preocupante.
El programa está dirigido a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad para facilitar su permanencia y tránsito hacia la educación y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, según el análisis presupuestal citado, los recursos asignados alcanzarían solamente para uno de los seis ciclos previstos para 2027.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con los jóvenes que dependen de este tipo de apoyos para continuar estudiando o construir una alternativa económica?
Reducir la cobertura de estos programas no significa únicamente disminuir una partida presupuestal. Significa trasladar parte del costo de la crisis fiscal directamente a familias que tienen mucho menos margen para absorberlo.
El verdadero riesgo: profundizar la desigualdad
El Gobierno puede argumentar que mantiene el valor individual de las transferencias para quienes continúen siendo beneficiarios. De hecho, el documento de regionalización sostiene que se mantiene el valor de las transferencias para las poblaciones más vulnerables. Pero existe una consecuencia evidente si la bolsa global disminuye: mantener el monto por persona con menos recursos disponibles implica necesariamente atender a menos personas.
Ahí está el problema de fondo.
Menos adultos mayores protegidos. Menos jóvenes apoyados. Menor cobertura social.
Y mientras el presupuesto total propuesto para 2027 asciende a $634,9 billones, los recursos destinados a estos subsidios sufren un ajuste considerable. Las comisiones económicas ya aprobaron el monto global, pero la distribución definitiva todavía continúa en trámite.
El debate, entonces, no debería reducirse a si Colombia necesita ordenar sus finanzas públicas. La pregunta es qué prioridades se están escogiendo para hacerlo.
Porque cuando el ajuste termina poniendo en riesgo el ingreso de un adulto mayor que vive en condiciones de pobreza o la permanencia educativa de un joven vulnerable, el problema deja de ser únicamente fiscal.
