La salida de Rodrigo Lara llega después del fracaso del Presupuesto 2027 y de cuestionamientos por nombramientos en el Ministerio del Interior. Su reemplazo, Alejandro Ordóñez, tiene una trayectoria de oposición al aborto, al matrimonio igualitario y al acuerdo de paz con las FARC. También fue responsable de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, sanción posteriormente anulada.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y su reemplazo por el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado. La decisión se conoció después de que el Presupuesto General de la Nación para 2027 no superara correctamente su trámite en el Congreso y en medio de tensiones por nombramientos dentro de la cartera política.
Mientras se formaliza la llegada de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Interior. ¿Cómo conducirá el diálogo político y social un ministro cuya trayectoria ha estado marcada por confrontaciones sobre derechos fundamentales y el proceso de paz?
Lara salió después del fracaso presupuestal
El Presupuesto 2027, por $634,9 billones, quedó sin aprobación legislativa válida debido a diferencias entre los textos votados por Cámara y Senado que no fueron conciliadas. Lara había sido el encargado de asegurar los apoyos parlamentarios. Tras conocerse el problema, explicó que su papel consistía en conseguir los votos y no en dirigir técnicamente el proyecto.
La crisis se sumó a tensiones anteriores. Durante el debate presupuestal, el presidente cuestionó públicamente a dirigentes liberales de San Andrés, lo que provocó que integrantes de esa bancada se retiraran temporalmente de la Cámara. Lara intervino para intentar recomponer las relaciones y facilitar la votación.
Los nombramientos de Lara que no le gustaron a De la Espriella
Antes de la caída del presupuesto, sectores cercanos a De la Espriella ya habían cuestionado decisiones administrativas de Lara.
Una de las controversias involucró un contrato por $60 millones con Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, que fue reversado por orden de la Presidencia. También hubo cuestionamientos alrededor del nombramiento de Germán Miranda como director nacional de Bomberos. El presidente ordenó declararlo insubsistente y pidió revisar las designaciones realizadas en el Ministerio del Interior.
Un tercer nombre señalado por cuentas afines al oficialismo fue José Borbón, por su experiencia previa como asesor de comunicaciones durante el Gobierno Petro.
Ordóñez ya ha perdido en su lucha contra Gustavo Petro
Alejandro Ordóñez llega al Ministerio del Interior con uno de los antecedentes judiciales más relevantes de su trayectoria. En diciembre de 2013, cuando era procurador general, ordenó destituir e inhabilitar por 15 años al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por decisiones relacionadas con el servicio de aseo de la ciudad.
El Consejo de Estado anuló esa sanción en 2017. Posteriormente, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por vulnerar los derechos políticos y las garantías judiciales de Petro. La Corte concluyó que una autoridad administrativa no podía imponer aquella restricción a los derechos políticos de un funcionario elegido popularmente y encontró vulneraciones al debido proceso.
Un historial de oposición a derechos
Durante sus años al frente de la Procuraduría, Ordóñez sostuvo posiciones contrarias a la ampliación del acceso al aborto, la eutanasia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción por parejas homosexuales. También fue un opositor del proceso de paz con las FARC y del acuerdo alcanzado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sus posiciones encontraron respaldo entre sectores conservadores que las consideran una defensa de sus convicciones religiosas y morales. En contraste, organizaciones y defensores de derechos cuestionaron que algunas de esas posturas se promovieran desde una institución obligada a garantizar los derechos de toda la ciudadanía.
A ello se suma otro antecedente: en 2016, el Consejo de Estado anuló su reelección como procurador por irregularidades relacionadas con el procedimiento de elección y conflictos de intereses.
La salida de Lara cierra una crisis dentro del gabinete. La llegada de Ordóñez abre otra discusión: cómo garantizará el Gobierno un diálogo incluyente desde una cartera encargada de relacionarse precisamente con quienes piensan distinto.
