La discusión por el Estatuto Antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella salió del escenario nacional. El representante Alejandro Toro llevó ante Naciones Unidas sus preocupaciones sobre el proyecto y pidió que la protección de los derechos humanos sea un límite infranqueable frente a las nuevas facultades que pretende crear el Ejecutivo. Su intervención puso las alertas sobre la iniciativa en un escenario internacional.
Toro intervino durante la sesión 81 de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas de Políticas Especiales, donde presentó cinco preocupaciones sobre el alcance del proyecto. El congresista planteó que combatir el terrorismo es una obligación estatal, pero advirtió que ese propósito no puede convertirse en una justificación para afectar los derechos de ciudadanos inocentes.
Una de sus principales alertas se refiere a la posibilidad de que una persona sea incluida en un registro público relacionado con terrorismo sin que exista previamente una condena judicial. Toro pidió criterios precisos, pruebas verificables y mecanismos efectivos de revisión para evitar que una decisión administrativa termine ocasionando consecuencias irreparables.
El representante también puso sobre la mesa las consecuencias económicas contempladas en el proyecto. El congelamiento de cuentas y las restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinadas ayudas públicas podrían afectar el patrimonio y el sustento de las personas incluidas en el registro antes de que estas logren controvertir efectivamente la decisión.
Se deben garantizar la protesta pacífica, el periodismo, la investigación y la oposición política.
La preocupación se extiende a la definición misma de terrorismo. Toro sostuvo ante la ONU que conceptos ambiguos pueden facilitar interpretaciones abusivas y reclamó garantías expresas para actividades protegidas democráticamente como la protesta pacífica, el periodismo, la investigación y la oposición política.
Otro punto de su intervención fue el momento en que actuarían los jueces. Toro pidió que exista un mecanismo judicial oportuno que permita controvertir los señalamientos antes de que produzcan daños irreparables, y advirtió además que aparecer en una lista no debería convertirse automáticamente en justificación para tratar a un civil como objetivo militar.
La intervención representa una internacionalización de las preocupaciones sobre el Estatuto, aunque sería prematuro afirmar que la ONU ya abrió una actuación contra Colombia o que la comunidad internacional adoptó formalmente las denuncias de Toro. Lo comprobable hasta ahora es que el congresista utilizó un escenario de Naciones Unidas para poner las posibles consecuencias del proyecto bajo discusión internacional y reclamar garantías de derechos humanos.
