La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate una polémica iniciativa del Centro Democrático que, según la senadora Esmeralda Hernández, podría abrir nuevas oportunidades judiciales para Santiago Uribe, condenado por el caso de Los 12 Apóstoles.
La Comisión Primera del Senado aprobó este martes 10 de noviembre el Proyecto de Ley 282 de 2026, una iniciativa del Centro Democrático que busca regular el derecho a impugnar una primera sentencia condenatoria. La decisión desató cuestionamientos por sus posibles efectos sobre procesos judiciales ya resueltos, particularmente el de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció que la propuesta podría convertirse en una especie de cuarta instancia judicial y beneficiar a Santiago Uribe, condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en el caso de Los 12 Apóstoles. Hernández presentó una proposición para archivar el proyecto, pero fue rechazada durante el debate. La iniciativa continuará su trámite en la plenaria del Senado.
Una nueva oportunidad para condenados que perdieron la casación
El proyecto, presentado por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, propone regular la doble conformidad judicial, garantía que permite solicitar la revisión de una primera condena.
Sin embargo, la controversia está en sus disposiciones sobre procesos anteriores. Según la denuncia de Hernández, la iniciativa permitiría que determinadas personas condenadas a quienes se les negó el recurso extraordinario de casación puedan solicitarlo nuevamente dentro de un plazo de 60 días.
Para la congresista, esta posibilidad podría reabrir oportunidades procesales en casos que ya han sido examinados por distintas instancias judiciales.
“El primer benefactor de ese proyecto de ley es Santiago Uribe”, advirtió Hernández durante la discusión legislativa.
El caso de Santiago Uribe
Santiago Uribe fue absuelto en primera instancia en 2024, pero posteriormente el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó por su responsabilidad penal en el caso de Los 12 Apóstoles. La condena, de aproximadamente 28 años y cuatro meses de prisión, fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.
Su defensa ha presentado recursos y acciones judiciales para cuestionar la decisión, alegando vulneraciones al debido proceso y a la garantía de doble conformidad. En octubre y noviembre se conocieron decisiones desfavorables a sus pretensiones. Es precisamente ese recorrido procesal el que, según Hernández, hace necesario examinar con especial cuidado los efectos retroactivos del proyecto aprobado.
Centro Democrático defiende la reforma
La autora de la iniciativa, María Clara Posada, sostiene que su propósito es fortalecer las garantías judiciales y permitir que las primeras condenas puedan ser revisadas conforme a los derechos constitucionales.
Hernández también advirtió que la reforma podría requerir el trámite de una ley estatutaria, en lugar de una ley ordinaria, por involucrar garantías fundamentales de la administración de justicia.
La controversia queda ahora en manos de la plenaria del Senado: determinar si la iniciativa fortalece una garantía para todos los ciudadanos o si sus disposiciones terminarían abriendo una puerta extraordinaria para condenados con procesos judiciales ya avanzados.
