El representante del Centro Democrático, conocido por cuestionar el manejo de recursos públicos, enfrenta una denuncia ante la Corte Suprema por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal. La controversia gira alrededor de 602 viviendas que habrían servido como sedes de su campaña y que, según la denunciante, no fueron reportadas como aportes en especie.
El representante a la Cámara Daniel Briceño Montes, quien ha construido buena parte de su reconocimiento político mediante denuncias sobre contratación pública y transparencia, enfrenta ahora cuestionamientos relacionados con las cuentas de su propia campaña electoral. Una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia solicita investigar posibles irregularidades en la información financiera reportada durante su aspiración al Congreso en 2026.
El dato que concentra la controversia son 602 «casas-sede» que el propio Briceño anunció durante su campaña. Según la información conocida, el entonces candidato afirmó que cientos de familias habían abierto sus viviendas para apoyar su proyecto político. Estos espacios habrían servido para realizar reuniones y actividades de promoción electoral. Sin embargo, la denunciante sostiene que no aparecen registrados como aportes en especie en los informes oficiales.
Denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia solicita investigar posibles irregularidades en la información financiera reportada durante su aspiración al Congreso
La denuncia fue presentada por la abogada Juliana Beltrán, quien pidió a la Sala Especial de Instrucción examinar la posible comisión de falsedad en documento privado y fraude procesal. La justicia deberá establecer si existieron aportes que debían declararse y si una eventual omisión pudo afectar la veracidad de los documentos entregados a las autoridades electorales.
La legislación electoral colombiana establece obligaciones de registro y rendición de cuentas para candidatos y organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral dispone de la plataforma Cuentas Claras, en la que deben reportarse ingresos y gastos, incluidos los aportes en especie sujetos a declaración.
La denuncia fue conocida públicamente el 30 de septiembre de 2026. Según la información del expediente suministrada a NotiToro, tiene el radicado 01696 y fue repartida inicialmente al despacho de la magistrada Cristina Lombana, cuya titularidad pasaría a Andrea Nataly Bermúdez el 14 de octubre. Cuestión Pública publicó el 9 de octubre una actualización sobre las actuaciones relacionadas con Briceño y los cambios en la Sala Especial de Instrucción. Cuestión Pública
El caso plantea una pregunta de interés público: ¿las cuentas de campaña de quienes exigen transparencia a otros funcionarios cumplen los mismos estándares que reclaman?
