En septiembre de 2014, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro protagonizó uno de los debates de control político más recordados del Congreso colombiano. Ese día presentó testimonios y documentos que señalaban posibles vínculos entre el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y estructuras paramilitares.
Lo que parecía un debate más del control político terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más importantes de la política colombiana reciente.
Uribe respondió denunciando a Cepeda ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos. Pero tras años de investigación, el alto tribunal tomó una decisión que cambió el rumbo del caso: archivó la investigación contra Cepeda y abrió un proceso contra el propio expresidente por presunta manipulación de testigos.
Ese giro judicial marcó un precedente histórico. Por primera vez, el líder más poderoso del uribismo enfrentaba un proceso penal relacionado con la construcción de testimonios falsos.
Para Cepeda, el caso no era solo un enfrentamiento político. Su historia personal está profundamente ligada a la violencia política del país: es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994, crimen por el cual el Estado colombiano fue condenado internacionalmente.
Desde entonces, Cepeda ha dedicado más de dos décadas a la defensa de víctimas del conflicto armado, la memoria histórica y el control político sobre estructuras que han operado en medio de la guerra.
El enfrentamiento judicial con Uribe consolidó su figura como uno de los congresistas más visibles del país y convirtió su carrera política en un símbolo de la disputa entre dos visiones opuestas sobre la historia reciente de Colombia: la de quienes denuncian la parapolítica y la de quienes defienden el legado del uribismo.
