Una nueva polémica sacude al Centro Democrático luego de que una investigación periodística de Cerosetenta/070 y el colectivo internacional Bellingcat revelara presuntos vínculos entre Jorge Rodríguez, excandidato a la Cámara por Bogotá avalado por el uribismo, y miembros de Active Club Bogotá, una organización señalada de promover ideologías neonazis y discursos extremistas en Colombia.
El escándalo tomó fuerza después de que se difundieran videos y fotografías de campaña donde Rodríguez aparece acompañado de hombres vestidos de negro, con rostros cubiertos y simbología asociada a grupos radicales. Según la investigación, algunos de esos participantes estarían relacionados con Active Club Bogotá, una red conectada internacionalmente con movimientos de extrema derecha y organizaciones señaladas por promover violencia y supremacismo.
Uno de los hechos que más controversia generó fue la cercanía política y fotográfica del excandidato con figuras visibles del Centro Democrático, entre ellas la senadora y hoy candidata presidencial Paloma Valencia, cuyas imágenes junto al dirigente comenzaron a circular masivamente en redes sociales, alimentando el debate sobre los sectores radicales que rodean parte de la derecha colombiana.
La investigación también señala que Active Club Bogotá se presenta como la única filial reconocida en Sudamérica de una red internacional fundada en Estados Unidos y vinculada con organizaciones extremistas como Blood & Honour y Combat 18, grupos que incluso han sido catalogados como organizaciones terroristas en algunos países europeos y norteamericanos.
De acuerdo con los reportes periodísticos, el grupo habría realizado actividades de propaganda neonazi en Bogotá, incluyendo celebraciones relacionadas con Adolf Hitler, difusión de material extremista y actos de intimidación simbólica. Además, expertos internacionales consultados por Bellingcat advirtieron que la cercanía entre actores políticos y este tipo de organizaciones “sienta un precedente peligroso” para la democracia y la convivencia.
El caso ha generado fuertes reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan cómo sectores políticos que constantemente hablan de “defender la democracia” terminan salpicados por escándalos relacionados con extremismo, odio y radicalización. Para muchos críticos, este episodio demuestra que ciertos discursos de “mano dura” y persecución ideológica terminan abriendo espacio a expresiones peligrosas de ultraderecha.
Mientras tanto, sectores progresistas y defensores de derechos humanos han insistido en que Colombia no puede normalizar discursos fascistas ni permitir que grupos violentos intenten ganar legitimidad política. En contraste, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido un discurso enfocado en la defensa de la vida, la democracia, la diversidad y la participación ciudadana, marcando una distancia clara frente a sectores radicalizados que hoy vuelven a quedar bajo la lupa pública.
