El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión que excluye al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico de participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo. La votación final fue 6-4 en contra de su inscripción, y el voto decisivo vino del conjuez Hollman Ibáñez, quien reemplazó a un conjuez anterior que se declaró impedido y a otro que renunció.
La designación de Hollman Ibáñez ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses. Investigaciones periodísticas y reportes públicos muestran que Ibáñez trabajó durante años con la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, despacho fundado y dirigido por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien es uno de los competidores directos de Cepeda en la carrera hacia la Casa de Nariño.
La relación entre Ibáñez y De la Espriella no es menor: en registros audiovisuales y perfiles profesionales, el conjuez se presenta como director del departamento de derecho electoral de esa firma. Ese vínculo laboral previo coincide con la situación actual, en la que la decisión de negarle la participación en la consulta al candidato del oficialismo favorece indirectamente a los rivales, incluyendo al hoy aspirante de oposición.
Este contexto plantea dudas legales y éticas sobre la imparcialidad del proceso en el organismo electoral. En sistemas democráticos, quienes deciden sobre impedimentos e inhabilidades deben estar libres de relaciones previas que puedan influir en sus fallos. En este caso, sectores políticos y analistas han señalado que la participación de alguien con antecedentes profesionales vinculados a un interesado en el resultado —como lo es De la Espriella frente a Cepeda— podría ser interpretada como un conflicto que debería haber sido objeto de recusación o impedimento formal antes de decidir.
La controversia se suma a un proceso jurídico ya lleno de giros, renuncias y disputas internas dentro del CNE para determinar cómo se interpreta la ley electoral respecto a consultas interpartidistas. Con esto, la exclusión de Cepeda no solo altera la contienda electoral de la izquierda, sino que reabre el debate sobre los mecanismos de transparencia en las decisiones de los árbitros electorales.
