Colombia está dando un paso decisivo hacia un modelo energético más limpio y sostenible. En el marco de una conferencia internacional impulsada por el Gobierno de Colombia en alianza con el Países Bajos, se presentó una de las conclusiones más contundentes en materia ambiental y de salud pública: reducir el uso de combustibles fósiles podría evitar cerca de 3.800 muertes prematuras al año en el país.
La cifra no es menor. Está asociada directamente a la disminución de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros impactos derivados de la contaminación del aire, especialmente en zonas urbanas como Bogotá, Medellín y Cali, donde los niveles de material particulado han sido históricamente críticos.
Salud pública: el beneficio inmediato de la transición
Diversos estudios internacionales, incluyendo análisis alineados con la Organización Mundial de la Salud, han señalado que la contaminación del aire es uno de los principales factores de riesgo ambiental en el mundo. En Colombia, se estima que:
- Más de 17.000 muertes anuales están relacionadas con mala calidad del aire.
- El material particulado fino (PM2.5) es el principal contaminante urbano.
- La reducción de emisiones del transporte y la industria tendría impactos directos en la expectativa de vida.
En ese contexto, la meta de salvar 3.800 vidas al año representa una reducción significativa del impacto sanitario, especialmente en poblaciones vulnerables: niños, adultos mayores y comunidades de bajos ingresos.
Un liderazgo regional en transición energética
El Gobierno de Gustavo Petro ha apostado por una transformación estructural del modelo energético, posicionando a Colombia como referente en América Latina. Entre las principales acciones destacan:
- No firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, priorizando la sostenibilidad a largo plazo.
- Impulso a las energías renovables no convencionales, especialmente solar y eólica.
- Programas de electrificación del transporte público, con expansión de flotas eléctricas.
- Inversión en comunidades energéticas, que permiten a barrios y territorios producir su propia energía limpia.
Actualmente, Colombia ya supera el 10% de capacidad instalada en energías renovables, con una proyección de crecimiento acelerado en los próximos años.
Cooperación internacional: clave para acelerar el cambio
La alianza con el gobierno de los Países Bajos refuerza el enfoque global de la transición. Este país europeo es reconocido por su liderazgo en innovación climática, adaptación al cambio climático y desarrollo de tecnologías limpias.
La conferencia internacional no solo posiciona a Colombia como anfitrión, sino como actor activo en la discusión global sobre el abandono progresivo de los combustibles fósiles, un tema central en las agendas climáticas del mundo.
Economía, empleo y justicia ambiental
Lejos de ser únicamente una apuesta ambiental, la transición energética también tiene implicaciones económicas:
- Generación de empleo verde en sectores como energías limpias, movilidad sostenible y tecnología.
- Reducción de costos en salud pública asociados a enfermedades respiratorias.
- Mayor independencia energética frente a mercados internacionales volátiles.
Además, el enfoque del gobierno ha sido claro en integrar la justicia social y territorial, priorizando regiones históricamente excluidas para que sean protagonistas de la transición.
Un cambio que ya está en marcha
La discusión ya no es si se debe avanzar hacia energías limpias, sino qué tan rápido se puede hacer. Colombia está apostando por acelerar ese proceso, con impactos tangibles en la vida cotidiana: aire más limpio, ciudades más habitables y una economía más sostenible.
La transición energética deja de ser un discurso y se convierte en una política pública con resultados medibles: miles de vidas que podrían salvarse cada año.
