Una denuncia identificada con el número 2026101303153 solicita investigar una presunta calumnia. Agmeth Escaf y el expresidente Gustavo Petro también han anunciado acciones legales por los señalamientos de la exconsejera presidencial, ampliamente difundidos por la revista Semana.
Las graves acusaciones que Eva Ferrer ha formulado contra personas vinculadas al anterior Gobierno de Gustavo Petro empiezan a generar respuestas judiciales. Según la información de un documento conocido por Noti Toro, una denuncia identificada con el número 2026101303153 solicita investigar la presunta comisión del delito de calumnia, contemplado en el artículo 221 del Código Penal colombiano en contra de la Capitana Kelly Daniela Lozano Hernández, quien hizo parte del esquema de seguridad de Verónica Alcocer.
La actuación se suma a los anuncios de acciones legales de personas señaladas por Ferrer, quienes rechazan sus declaraciones y cuestionan que se les atribuyan conductas delictivas sin que se hayan presentado públicamente pruebas suficientes para establecer su responsabilidad.
Agmeth Escaf y Petro anuncian acciones legales
El senador Agmeth Escaf anunció que adelanta una denuncia penal y una demanda civil contra Ferrer, después de que la exconsejera lo señalara de apropiarse de dinero de Verónica Alcocer y lo relacionara con actividades criminales.
Escaf rechazó las acusaciones y aseguró que Ferrer le atribuye delitos graves sin aportar públicamente elementos que los demuestren. Por su parte, Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, confirmó este 13 de octubre que prepara acciones penales contra Ferrer. Según explicó, la defensa considera falsas varias de sus afirmaciones y estudia cuáles delitos podrían configurar.
Semana, bajo cuestionamientos por la difusión de los señalamientos
La revista Semana ha dado amplia difusión a las declaraciones de Ferrer, incluida una entrevista realizada por Vicky Dávila en la que la exconsejera formuló acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y tráfico de armas. La publicación de señalamientos de semejante gravedad exige un examen riguroso de su sustento. Una acusación difundida en una entrevista no equivale a un delito demostrado, y la reiteración mediática de una versión tampoco la convierte en verdad.
Esto plantea preguntas sobre los mecanismos de contraste utilizados por Semana, las oportunidades de respuesta ofrecidas a las personas señaladas y la distinción entre testimonios, documentos y hechos comprobados. La eventual responsabilidad jurídica del medio, sin embargo, no puede darse por establecida únicamente por haber publicado las entrevistas. Dependería de las circunstancias concretas de la difusión, el contenido y las pruebas disponibles.
La responsabilidad de quien acusa y la de quien difunde sus palabras debe examinarse con pruebas, no con titulares.
En un Estado de derecho, ni las denuncias de corrupción deben descartarse sin investigación ni las acusaciones personales pueden tratarse como condenas anticipadas. La responsabilidad de quien acusa y la de quien difunde sus palabras debe examinarse con pruebas, no con titulares.
