Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas llevan años enfrentando proyectos extractivos en el piedemonte amazónico. La revocatoria de una protección sobre 48,3 millones de hectáreas plantea nuevos desafíos para quienes defienden el agua, la selva y sus territorios.
Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella elimina una de las principales restricciones a la expansión minera y petrolera en la Amazonía, las comunidades que durante años han defendido la selva mantienen una historia de organización, movilización y resistencia territorial.
La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0961 de 2026, expedida durante el Gobierno Petro, retiró una prohibición especial para nuevas actividades extractivas en 48,3 millones de hectáreas, equivalentes al 42 % del territorio continental colombiano.
Mocoa, un territorio que ya se organizó para resistir
En Putumayo, las comunidades de Mocoa llevan años enfrentando el proyecto de cobre y molibdeno de Libero Cobre, una iniciativa que ha generado controversias por sus posibles impactos sobre las fuentes hídricas y los ecosistemas del piedemonte amazónico.
En la vereda Pueblo Viejo, habitantes instalaron en 2025 una Carpa de Resistencia para oponerse al ingreso de personal y maquinaria vinculados al proyecto. En abril de 2026, al cumplir un año de organización, las comunidades se declararon en asamblea permanente y alerta territorial.
Su resistencia ha incluido manifestaciones, mesas de diálogo y exigencias de protección ambiental. El conflicto demuestra que la defensa de la Amazonía no comenzó con una resolución del Gobierno nacional: tiene raíces en las comunidades que habitan el territorio.
Organizaciones sociales respaldan la defensa del agua
Entre las organizaciones que han participado en procesos de defensa territorial en Mocoa aparecen Guardianes de la Andinoamazonía, ASOJUNTAS Mocoa y organizaciones indígenas locales.
También se han pronunciado en respaldo de estas resistencias Censat Agua Viva, Pensamiento y Acción Social, Alianza Suroeste y colectivos ambientales de otras regiones del país.
En comunicados anteriores, estas organizaciones han defendido el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre sus territorios y han rechazado la criminalización de quienes se oponen a proyectos mineros.
En Mocoa, las comunidades ya han demostrado que están dispuestas a organizarse para defender el agua y el territorio. La revocatoria vuelve a poner sobre la mesa una disputa que trasciende los gobiernos: quién decide sobre el futuro de la Amazonía y qué lugar ocupan sus habitantes frente a los intereses extractivos.
