El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cancelar la licitación para llevar internet de alta capacidad a la Amazonía colombiana, un proyecto que había sido estructurado durante la administración de Gustavo Petro y que contemplaba una inversión de $1,14 billones.
La decisión fue tomada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), bajo la dirección de Alexandra Falla, y afecta un proyecto que buscaba desplegar más de 1.600 kilómetros de fibra óptica en Amazonas y Putumayo.
Sobre el papel, no se trataba simplemente de instalar cables.
El proyecto buscaba conectar a más de 227.000 personas y cerca de 100.000 hogares de una de las regiones históricamente más excluidas de la infraestructura digital del país, con beneficios para educación, telemedicina, comercio electrónico, teletrabajo y acceso a servicios públicos digitales.
Ahora, todo quedó en suspenso.
La explicación entregada por el nuevo Ministerio es que, después de una revisión administrativa, jurídica, financiera y técnica, fueron identificados riesgos relacionados con la estructuración financiera, aspectos técnicos, ambientales y la cobertura efectiva que tendría el proyecto.
Pero hay un elemento que merece especial atención.
El proyecto no apareció de la nada ni estaba simplemente en una idea preliminar.
Durante el Gobierno Petro fue incorporado a la planeación oficial del Estado mediante el CONPES 4167 de 2025, que declaró de importancia estratégica el Plan de Fibra Óptica para la Amazonía.
Posteriormente, en mayo de 2026, el CONPES 4195 actualizó el proyecto y elevó su valor hasta $1.141.744 millones, estableciendo además los recursos necesarios para garantizar su ejecución, operación y mantenimiento durante los siguientes años.
Es decir, cuando terminó la administración Petro, el proyecto ya contaba con una ruta institucional y presupuestal definida.
Por eso la cancelación genera preguntas que el Gobierno de Abelardo tendrá que responder con documentos y no simplemente con declaraciones.
¿Por qué se considera ahora inviable un proyecto que meses atrás había sido actualizado y respaldado mediante los instrumentos oficiales de planeación?
¿Qué hallazgos concretos encontraron los estudios realizados por la nueva administración?
¿Los supuestos riesgos financieros, técnicos y ambientales son nuevos o ya habían sido contemplados durante la estructuración?
¿Y, sobre todo, cuál será la alternativa para garantizar la conectividad de los más de 227.000 habitantes que estaban contemplados como beneficiarios?
Porque cancelar una licitación no puede significar cancelar la necesidad.
La brecha digital en la Amazonía no es nueva. Durante décadas, las comunidades de estos territorios han tenido que enfrentar mayores dificultades para acceder a internet, educación, servicios de salud y oportunidades económicas precisamente por la falta de infraestructura.
Por eso el proyecto tenía una importancia que iba mucho más allá de las cifras del contrato.
Una conexión de fibra óptica puede significar para una comunidad amazónica la posibilidad de acceder a una clase virtual, recibir una atención médica a distancia, vender productos por internet, realizar trámites sin desplazarse durante horas o comunicarse con familiares y organizaciones en otras regiones.
En otras palabras: conectividad también significa derechos.
Y aquí es donde la decisión del nuevo Gobierno merece una discusión seria.
