En una decisión que golpea directamente a millones de trabajadores, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo en Colombia.
La medida, tomada mientras se estudia una demanda de sectores empresariales, frena temporalmente una de las políticas más sensibles del Gobierno Nacional: proteger el ingreso real de quienes viven de su trabajo en medio de la inflación y el alto costo de vida.
Una decisión que reabre el debate sobre el poder de las élites
Aunque jurídicamente se trata de una suspensión preventiva, el impacto político es inmediato: una corte cuyos magistrados no son elegidos por voto popular termina frenando una medida adoptada por un gobierno elegido democráticamente.
El choque vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las altas cortes están actuando como árbitros jurídicos o como barreras políticas frente a cambios que afectan intereses económicos tradicionales?
¿A quién beneficia el freno?
Mientras millones de trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre sus ingresos futuros, los sectores empresariales que se opusieron al incremento son los principales beneficiados de la suspensión.
No es la primera vez que ocurre: decisiones económicas del Gobierno han sido frenadas en tribunales tras presiones de gremios y actores económicos que históricamente han tenido influencia en las altas esferas del poder judicial.
Democracia vs. poder judicial
El episodio vuelve a encender un debate de fondo en Colombia:
• Un gobierno elegido con más de 11 millones de votos impulsa medidas sociales.
• Sectores económicos demandan.
• Una corte suspende.
Y la pregunta que queda en el aire es inevitable:
¿Quién termina decidiendo el rumbo del país: el voto ciudadano o los estrados donde históricamente han pesado las élites?
