El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una propuesta para que la consulta previa y el licenciamiento ambiental avancen simultáneamente. Aunque el Ejecutivo asegura que busca agilizar grandes inversiones sin afectar los derechos de las comunidades, la iniciativa plantea una pregunta de fondo: ¿qué capacidad real tendrán los pueblos indígenas y afrodescendientes para influir en proyectos cuya evaluación ambiental ya está en marcha?
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un borrador de decreto que modificaría la relación entre la consulta previa y el licenciamiento ambiental en Colombia. La propuesta, promovida junto al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, permitiría que ambos procedimientos avancen paralelamente, eliminando la necesidad de esperar la culminación de la consulta para iniciar la evaluación de una licencia ambiental. El Ejecutivo presenta el cambio como una medida para acelerar inversiones estratégicas. La Silla Vacía
La consulta previa es un mecanismo que constituye un derecho fundamental de las comunidades étnicas a participar en las decisiones sobre proyectos que puedan afectarlas directamente. Su finalidad no es simplemente informarles sobre una obra, sino permitir que sus preocupaciones y propuestas sean consideradas antes de adoptar decisiones que comprometan sus territorios, recursos naturales y formas de vida.
Qué ocurrirá cuando una comunidad se oponga a un proyecto o exija modificaciones sustanciales.
Las comunidades étnicas también han defendido su derecho a participar efectivamente en las decisiones sobre sus territorios. Uno de los casos más representativos es el de la comunidad indígena de Taganga, en Santa Marta, que ha sostenido una controversia relacionada con la consulta previa del megaproyecto gasífero Sirius.
El caso ha puesto de manifiesto las tensiones entre los intereses de las empresas y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Según una investigación de medios de comunicación, representantes de comunidades étnicas han advertido que las reformas impulsadas por el Gobierno podrían convertir un derecho fundamental en un simple trámite administrativo.
La preocupación es que las comunidades terminen siendo escuchadas cuando las decisiones sobre sus territorios ya estén prácticamente encaminadas, reduciendo su capacidad de influir en las condiciones de los proyectos. Aunque existen estas advertencias, no se ha confirmado que la comunidad de Taganga haya rechazado formalmente el borrador de decreto anunciado el 9 de octubre
Un decreto no podría eliminar el derecho de las comunidades a una consulta efectiva
La consulta previa está protegida por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia nacional. Además, la regulación ambiental vigente contempla obligaciones específicas relacionadas con su cumplimiento. Por eso, un decreto no podría eliminar el derecho de las comunidades a una consulta efectiva.
El debate de fondo no es únicamente cuánto tiempo pueden ahorrar las empresas, sino cuánto poder conservarán las comunidades sobre las decisiones que afectan sus territorios. Agilizar los trámites puede ser un objetivo legítimo, pero la reforma tendrá que demostrar que las consultas seguirán influyendo realmente en las autorizaciones ambientales. De lo contrario, Colombia podría terminar con una consulta que conserva el nombre de previa, pero cuya participación llega cuando buena parte del camino administrativo ya está recorrido.
