La suspensión de la programación territorial de las 20 Emisoras de Paz llegó al Congreso. El representante Alejandro Toro citó a debate de control político a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, para que expliquen las decisiones adoptadas dentro de la transformación del Sistema de Medios Públicos.
Las emisoras nacieron del Acuerdo Final de Paz de 2016, específicamente como una herramienta para fortalecer la comunicación en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado. La red está presente en Ituango, Chaparral, Convención, Fonseca, San Jacinto, Arauquita, Algeciras, Bojayá, Florida, El Tambo, Puerto Leguízamo, Mesetas, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Tumaco, Fundación, Riosucio, Buenaventura, Agustín Codazzi y Tierralta.
Durante años, estas estaciones produjeron contenidos desde los propios territorios sobre información local, cultura, comunidades indígenas y afrodescendientes, víctimas, mujeres, reconciliación e implementación del Acuerdo de Paz.
¿Qué pasó con las Emisoras de Paz?
El pasado 17 de agosto se comunicó a los equipos de las emisoras la suspensión de su programación habitual. Desde entonces, las estaciones dejaron de emitir sus contenidos territoriales y pasaron a una programación musical centralizada desde Bogotá.
La decisión se produjo en medio de la reestructuración anunciada por el nuevo Gobierno para el Sistema de Medios Públicos, que incluye una revisión de la estructura y de la contratación de Inravisión.
La medida generó cuestionamientos de organizaciones como la FLIP, la MOE y AMARC, que alertaron sobre el impacto que puede tener la suspensión de los contenidos locales en comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Toro pone la lupa sobre Inravisión
El debate impulsado por Toro va más allá de la suspensión de las emisoras. El representante también busca explicaciones sobre decisiones administrativas, contractuales y presupuestales adoptadas en Inravisión y sobre los posibles efectos que tendría la suspensión de contenidos en los recursos destinados para su producción.
A esto se suma una denuncia presentada por el congresista sobre una presunta práctica discriminatoria contra periodistas y presentadoras indígenas, relacionada con las condiciones para aparecer en pantalla. Toro pidió esclarecer quién habría impartido esas instrucciones y bajo qué criterios.
La administración de Inravisión, por su parte, ha defendido la transformación del sistema y la revisión de los contratos recibidos, argumentando que busca recuperar el carácter público de los medios y fortalecer contenidos culturales, educativos y de interés general.
Pero el debate que ahora llega al Congreso pone una pregunta de fondo: qué ocurrirá con las herramientas de comunicación creadas específicamente para los territorios como parte de la implementación del Acuerdo de Paz.
Con la citación, Alejandro Toro lleva al escenario de control político el futuro de las 20 Emisoras de Paz, el manejo de los recursos públicos, la representación de las comunidades indígenas y el derecho de las regiones a producir y recibir información desde sus propios territorios.
