La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de suspender la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro no es un acto neutro ni “técnico”. Es una decisión profundamente política que, en la práctica, les hace un favor directo a los mega ricos y pone en riesgo inmediato a los más pobres. Cuando el país más necesita herramientas excepcionales para responder a una realidad excepcional —desigualdad estructural, crisis social y bloqueo sistemático de reformas—, la Corte decide amarrar al Estado y dejar intactos los privilegios.
La emergencia económica no era un capricho. Era una respuesta constitucional prevista precisamente para momentos en los que la normalidad jurídica resulta insuficiente para proteger a la población. ¿A quién protege hoy la suspensión? No a quienes viven del rebusque, no a las familias que esperan alivios reales, no a los territorios históricamente olvidados. Protege a quienes siempre han ganado: a los conglomerados, a los rentistas, a los que convierten cada discusión pública en una defensa cerrada de su tasa de ganancia.
La Corte insiste en presentarse como árbitro por encima de la política, pero sus decisiones producen política. Y cuando el resultado reiterado es bloquear las herramientas del Ejecutivo para corregir desigualdades, el mensaje es claro: el orden económico vigente no se toca. Se protege el statu quo, incluso si ese statu quo reproduce pobreza, exclusión y concentración obscena de la riqueza.
No es casual que esta suspensión ocurra en sincronía con un Congreso donde muchos parlamentarios actúan más como delegados de intereses privados que como representantes del pueblo. Tampoco es casual que algunos magistrados parezcan hablarle más a sus futuros padrinos políticos que a la Constitución social que juraron defender. Cuando la Corte y sectores del Legislativo caminan en la misma dirección —frenar al gobierno del cambio—, no estamos ante coincidencias: estamos ante un bloqueo institucional.
Se nos dice que la Corte “defiende la Constitución”. Pero ¿cuál Constitución? ¿La que proclama el Estado social de derecho o la que, en la práctica, se ha interpretado para blindar a los poderosos? Porque si defender la Constitución significa impedir que el Estado actúe para garantizar derechos básicos en situaciones extraordinarias, entonces esa defensa se parece más a una campaña política encubierta que a un control jurídico imparcial.
La suspensión de la emergencia económica no es un debate abstracto. Tiene consecuencias concretas: menos capacidad para responder rápido, menos margen para priorizar a los vulnerables, más dependencia de un Congreso que ha demostrado —una y otra vez— su resistencia a cualquier reforma que toque intereses de arriba. En otras palabras, más tiempo para los ricos, más espera para los pobres.
Pero hay algo que quienes hoy celebran esta decisión parecen olvidar: el pueblo también decide. Decide en las urnas, decide en la movilización, decide en la historia. Cada vez que las instituciones se cierran para proteger privilegios, se abre con más fuerza la pregunta por lo esencial: ¿quién manda en Colombia cuando el cambio incomoda?
Por eso, lejos de apagar el debate, decisiones como esta lo profundizan. Cada bloqueo, cada zancadilla institucional, acerca al país a una discusión mayor: la necesidad de que el poder constituyente —el pueblo— redefina las reglas del juego. Si las herramientas actuales se usan para impedir el mandato popular, entonces una Asamblea Constituyente deja de ser una consigna y se convierte en una salida democrática.
No se trata de destruir instituciones, sino de rescatar su sentido. De volver a poner la Constitución al servicio de la vida digna, y no de la renta. De decidir, colectivamente, si queremos un Estado maniatado por el poder económico o un Estado capaz de proteger a su gente.
La Corte podrá suspender decretos. Algunos congresistas podrán hacer campaña disfrazados de juristas o tecnócratas. Pero el pueblo sabrá decidir. Y cuando llegue ese momento, no será para proteger privilegios, sino para definir lo esencial.
