Desde el año 2007 el entonces senador Gustavo Petro denunció, con una serie de pruebas documentales y testimoniales, los crímenes cometidos por el hermano de Álvaro Uribe Vélez y demostró que no solamente se trató del grupo paramilitar los 12 apóstoles, sino que había otra agrupación que se hacía Llamar “los erres” que cometió varios crímenes de lesa humanidad en Antioquia que también implicaron a reconocidos narcotraficantes como los Ochoa Vásquez y que tenía uno de sus centros de operación en la Hacienda “La Carolina”.
La desaparición de tres jóvenes y la posterior desaparición la hermana de una de ellos, integrante de ASFADES, y luego el asesinato de una de las inspectoras de policía de la región, son crímenes relacionados con el grupo “Los erres” del que era parte Santiago Uribe. En ese momento el senador Gustavo Petro hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades de policía y de fiscalía, pues no se hicieron las investigaciones, por el contrario, a pesar de tratarse de crímenes de lesa humanidad, muchas veces la respuesta era que habrían prescrito y por eso se habían cerrado varios de los casos.
En el Congreso de la República era la primera vez que se escuchaba esto dado que el presidente era Álvaro Uribe Vélez y más del 35% del Congreso había sido cooptado por los paramilitares (como lo reconoció Salvatore mancuso), lo que garantizó impunidad política para este tipo de crímenes y por supuesto impunidad judicial, pues las labores investigativas que debió realizar la fiscalía nunca llegaron a nada presumiendo así un posible contubernio entre estos hacendados y la fiscalía de Antioquia.
En la reacción a la condena por parte del presidente Petro menciona que también los medios de comunicación regionales como el colombiano estarían involucrados en evitar un escándalo ante estos hechos pues uno de los directivos de ese periódico es parte de la junta de la Hacienda La Carolina que sería uno de los bienes sujetos a extinción de dominio tras la condena a Uribe Vélez.
Petro también mencionó que por esas denuncias se hace evidente la acción de Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón para cooptar la fiscalía y una omisión evidente por parte de la fiscalía general que no ha hecho nada para evitar dicha cooptación.
