Medellín discute una actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial que podría restringir la ubicación de las viviendas turísticas, especialmente en sectores donde predomina el uso residencial. La propuesta de la Alcaldía busca concentrar esta actividad en zonas de mayor mixtura para proteger la vivienda y la vida de los barrios.
Y justo en medio de esta discusión apareció un estudio de profesores de la Universidad Javeriana con una conclusión que resulta especialmente favorable para Airbnb: la plataforma llegaría principalmente a sectores donde ya era caro vivir y no sería la responsable del aumento de los arriendos.
El estudio analizó más de 15.000 manzanas entre 2015 y 2025. Pero hay un dato fundamental que no apareció en la primera difusión pública de sus resultados: la investigación fue realizada mediante un contrato de consultoría entre la Javeriana y Airbnb Latin America, que aportó una parte significativa de la financiación.
La Javeriana sostiene que el contrato garantizó la autonomía de los investigadores y que Airbnb no intervino en la pregunta de investigación, la metodología ni la interpretación de los resultados. Además, el vínculo financiero sí aparece declarado en el documento académico completo.
Pero el momento resulta difícil de ignorar.
La Alcaldía radicó el proyecto de actualización del POT el 19 de agosto y, en el centro de la discusión, está precisamente la regulación de las viviendas turísticas. El estudio fue presentado el 15 de septiembre y, al día siguiente, el alcalde Federico Gutiérrez entró públicamente en la conversación al compartir una publicación sobre sus conclusiones. Gutiérrez sostuvo que la renta corta debe regularse, aunque no es la única causa de los altos precios de vivienda.
Mientras tanto, Airbnb ha desplegado una estrategia de incidencia en la ciudad. El Armadillo documentó reuniones de un consultor contratado por la plataforma con concejales y funcionarios, además de contactos con medios para posicionar argumentos sobre los efectos económicos de una eventual regulación. El consultor confirmó su contrato con Airbnb, aunque rechaza que su labor sea lobby.
Y el negocio no es pequeño: Medellín pasó de 521 prestadores de vivienda turística registrados en 2019 a 8.322 en 2026. La propia Alcaldía reconoce el crecimiento acelerado y reporta 408 inspecciones entre 2024 y 2026, con 105 suspensiones temporales por infracciones.
Por eso, el asunto no es simplemente si el estudio tiene razón o no.
La pregunta es por qué una investigación financiada por la empresa directamente interesada en la regulación aparece justo cuando Medellín está definiendo las nuevas reglas para ese negocio.
La investigación no queda invalidada por haber recibido financiación de Airbnb. Pero ese dato es indispensable para leer sus conclusiones con todo el contexto, especialmente cuando esas conclusiones pueden convertirse en argumentos dentro del debate del POT.
Porque mientras la Alcaldía dice que busca proteger la vivienda residencial, Airbnb defiende las rentas cortas y el Concejo discute las nuevas reglas, también se está librando una batalla por el relato: quién define qué está encareciendo la vivienda y qué tan necesaria es la regulación.
Y en esa batalla, que Airbnb haya pagado parte de la investigación no es un detalle menor.
