David Murcia Guzmán, fundador de DMG, radicó una denuncia disciplinaria contra el abogado Abelardo de la Espriella ante la Comisión de Disciplina Judicial.
Según la denuncia, De la Espriella habría incurrido en presuntas faltas graves en su ejercicio profesional, entre ellas:
- Manejo de $5.000 millones en honorarios que, según Murcia, no habrían sido devueltos tras la terminación de la defensa.
- Posible abandono de representación jurídica sin justificación suficiente.
- Presunta vulneración del deber de confidencialidad, por declaraciones públicas que habrían afectado la situación jurídica de su entonces cliente.
- Señalamientos sobre supuestas irregularidades no alegadas en el proceso, relacionadas con circunstancias de su captura.
La denuncia deberá ser evaluada por la autoridad disciplinaria competente, que determinará si hay mérito para abrir investigación formal.
Un historial de controversias
La polémica no ocurre en el vacío. Abelardo de la Espriella ha sido protagonista de múltiples controversias públicas en los últimos años.
Durante un tiempo fue abogado de Álex Saab, señalado por autoridades de Estados Unidos como operador financiero cercano al régimen de Nicolás Maduro. Aunque ejercer la defensa técnica no constituye delito, ese episodio le generó fuertes críticas políticas, especialmente por su discurso posterior frontal contra el chavismo.
Organizaciones como la FLIP también han cuestionado acciones judiciales emprendidas por De la Espriella contra periodistas que han investigado su trayectoria, advirtiendo sobre posibles efectos intimidatorios contra la prensa.
Además, algunas de sus declaraciones públicas han sido objeto de denuncias y reproches por su tono confrontacional en el debate político.
Del abogado del poder al denunciado disciplinario
Con esta nueva acción radicada por Murcia, el foco ya no está en a quién representa, sino en su propio actuar profesional.
El caso abre un debate incómodo:
¿Hasta dónde llega la estrategia jurídica y dónde empiezan las posibles faltas éticas?
En un país donde el poder económico, político y judicial suele cruzarse en los mismos nombres, la pregunta es inevitable:
¿Estamos ante una disputa entre viejos protagonistas del establecimiento o frente a un proceso que podría marcar un precedente sobre ética profesional en casos de alto perfil?
