Más de 30 piezas sobre la Unión Patriótica, el Acuerdo de Paz, el feminismo y la diversidad sexual fueron retiradas del Museo Nacional por instrucciones del Ministerio de Cultura. La ofensiva cultural del Gobierno abre un debate sobre censura, exclusión y prácticas características de los regímenes autoritarios.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella llevó su anunciada batalla cultural hasta el Museo Nacional de Colombia. Este 15 de octubre fueron retirados al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas de exhibición, entre ellos piezas relacionadas con el exterminio de la Unión Patriótica, los movimientos feministas, la población LGBTIQ+ y el Acuerdo de Paz de 2016.
La investigación de La Silla Vacía, que recorrió las instalaciones, estableció que la orden provino del Ministerio de Cultura, dirigido por Paola Holguín. El retiro coincidió con una visita del presidente a esa cartera, donde anunció una ofensiva contra lo que denomina «wokismo».
Entre los objetos desmontados estaban un afiche de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la UP asesinado en 1990; otro de Carlos Pizarro, asesinado ese mismo año; una pieza relacionada con la firma del Acuerdo de Paz y materiales sobre derechos reproductivos y diversidad sexual.
No se trata de elementos secundarios de la historia colombiana. Son testimonios de la violencia política, las luchas por derechos y los esfuerzos de reconciliación que han marcado al país.
La historia que incomoda al poder
La intervención también alcanzó un espacio dedicado a la Constitución de 1991 y al proceso de paz de 2016. Allí fueron retirados objetos como el balígrafo, símbolo de la firma del acuerdo con las antiguas FARC, y material relacionado con la Séptima Papeleta. En otra sala desaparecieron numerosas fotografías del muro de la diversidad.
Según la investigación periodística, funcionarios del Museo cuestionaron que los cambios se realizaran sin los procedimientos curatoriales habituales. El propio Museo Nacional ha presentado históricamente sus colecciones como espacios para reconocer la pluralidad de memorias que conforman la nación.
Cinco características de los regímenes autoritarios que obligan a encender las alarmas
1. Control de la memoria histórica. Los gobiernos autoritarios suelen intervenir instituciones culturales y educativas para privilegiar una versión oficial del pasado. El retiro de piezas sobre víctimas, movimientos sociales y procesos de paz plantea ese riesgo, aunque todavía deben conocerse las justificaciones administrativas y curatoriales del Ministerio.
2. Exclusión de la diferencia. Otra característica es presentar determinadas identidades, creencias o movimientos sociales como amenazas a los valores nacionales. La ofensiva presidencial contra el «wokismo», junto con el retiro de materiales sobre feminismo y diversidad sexual, exige examinar si las políticas culturales están respetando el pluralismo constitucional.
3. Represión y militarización de la protesta. En las dictaduras, la fuerza pública puede utilizarse para sofocar la oposición. En Colombia, las denuncias recientes de uso desproporcionado de la fuerza durante las movilizaciones del 14 de octubre requieren investigaciones independientes. Esas denuncias no equivalen, por sí solas, a demostrar una política sistemática de represión.
4. Concentración del poder. Los regímenes autoritarios debilitan los controles institucionales y subordinan organismos técnicos a decisiones políticas. La presunta exclusión de los comités curatoriales del Museo, si se confirma, sería un problema de autonomía institucional. Para determinar una concentración más amplia del poder deben examinarse también las actuaciones del Congreso, la justicia y los organismos de control.
5. Imposición de una visión moral única. Las dictaduras suelen restringir expresiones que contradicen la ideología dominante. En una democracia, un Gobierno puede defender valores religiosos o tradicionales, pero no convertirlos en una condición para acceder a derechos, reconocimiento cultural o participación pública.
¿Es Colombia una dictadura?
La comparación permite identificar señales de alerta, pero también exige precisión.
Una dictadura supone una ruptura profunda del orden democrático: ausencia de competencia política efectiva, restricciones sistemáticas de libertades, concentración del poder y debilitamiento decisivo de los controles institucionales.
Los hechos documentados en el Museo Nacional muestran una intervención gubernamental sobre contenidos históricos y culturales. Las denuncias sobre protesta social y los discursos oficiales contra determinados movimientos plantean otras preocupaciones.
Sin embargo, para afirmar que Colombia ya funciona como una dictadura sería necesario demostrar que esas prácticas forman parte de un sistema de dominación política que ha anulado las garantías democráticas.
El Estado no puede borrar a quienes hicieron parte de su historia
La historia de la Unión Patriótica no desaparece porque se retire un afiche. El Acuerdo de Paz no deja de existir porque se desmonte un objeto. Y las luchas feministas y LGBTIQ+ no pierden su lugar en la historia porque sus símbolos salgan de una vitrina.
El Ministerio de Cultura debe explicar quién ordenó los retiros, bajo qué criterios se seleccionaron las piezas, si hubo participación de los comités curatoriales y cuál será su destino. Una democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones. También se reconoce por su capacidad de preservar la memoria de quienes piensan distinto, incluso cuando esa memoria incomoda al Gobierno.
