En la última semana han vuelto a salir a relucir dos episodios en los que Abelardo de la Espriella habría pedido dinero a sus “clientes” para sobornar congresistas y magistrados de las altas cortes, y así, presuntamente favorecer los intereses de sus defendidos, una práctica que es ilegal, falta a la moral y a la ética y le debería acerrar sanciones por lo menos en la judicatura, pero que también evidencia una práctica recurrente en la derecha colombiana.
En uno de los casos se reveló que De la Espriella pidió a David Murcia de DMG, una suma de $760.000.000 para sobornar congresistas y evitar que se aprobara una ley que impediría el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo, que era la forma en que DMG movía sus capitales. Este hecho se suma a los cerca de $5’000.000.000 que le cobró por trabajar en una defensa que nunca ejerció. Murcia le habría pedido, luego de haber sido capturado que le devolviera el dinero y De la Espriella se lo negó, apropiándose ilegalmente de un trabajo que no realizó y engañando así a su cliente.
Además se ha reconocido desde el 2015 que De la Espriella le habría pedido 4’000.000.000 a los paramilitares para “torcer” o sobornar a algunos magistrados, de tal manera que se definieran sentencias a favor de los líderes paramilitares que estaban, en su momento, en los llamados diálogos de Ralito con la venia de Álvaro Uribe. Luego se conoció que el propio Uribe le asignó una notaría al padre de De la Espriella.
