Mientras De la Espriella convierte los operativos contra pequeños expendedores en parte de su discurso de seguridad, documentos consultados por El Espectador revelan que participó en un negocio junto a la familia de un hombre condenado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Fuentes de 2015 confirman que ambos eran socios del restaurante.
Abelardo de la Espriella ha convertido la persecución al narcotráfico y a la delincuencia en una de las imágenes centrales de su Gobierno. Una reciente aparición suya en una operación contra microtráfico en Cali volvió a mostrar esa estrategia comunicativa: el mandatario apareció frente a un presunto expendedor y afirmó que había intentado “desafiar al Estado”.
Pero una investigación publicada este 27 de septiembre por la periodista Laura Ardila Arrieta documentó un episodio del pasado empresarial del presidente que contrasta con esa narrativa. Según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá consultados por la periodista, De la Espriella, su esposa y familiares de Carlos Eduardo “Carly” Pérez González constituyeron la sociedad detrás del restaurante Dijon. Pérez figuró además como representante legal suplente hasta 2017.
La existencia de esa relación empresarial puede corroborarse por fuera de la columna. En febrero de 2015, cuando abrió Dijon en Bogotá, Las2Orillas informó que el establecimiento funcionaba en el mismo edificio de De la Espriella Lawyers Enterprise y describió expresamente a Carly Pérez como socio de Abelardo de la Espriella en el proyecto. Una publicación de KienyKe de la misma época presentó igualmente Dijon como el restaurante de De la Espriella y Pérez.
El elemento de mayor interés público está en los antecedentes de Pérez González. La investigación de Ardila señala que fue condenado en 2007 por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y que terminó de cumplir su condena en 2012, dos años antes de la conformación de la sociedad. La periodista atribuye esa información al expediente del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y a registros de la Rama Judicial.
Hay además registros periodísticos anteriores sobre la operación Cazador 3 de 2004 que ubican a Carlos Eduardo Pérez González entre los capturados junto con Juan Carlos Hernández Lucarini y otros hombres. Fuentes posteriores documentaron que integrantes de ese mismo proceso terminaron condenados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Mientras hoy De la Espriella utiliza una retórica especialmente severa frente a pequeños expendedores y organizaciones dedicadas al narcotráfico, en su vida empresarial mantuvo una relación comercial con una persona que, según el expediente judicial consultado por El Espectador, había sido condenada por un delito relacionado con narcotráfico y ya había cumplido su pena.
