Una denuncia penal de 44 páginas contra el registrador nacional cuestiona la integridad de los archivos electorales de las presidenciales de 2026. Los denunciantes señalan posibles anomalías en códigos hash, metadatos y formularios E-14, y piden a la Fiscalía establecer si existieron delitos y afectaciones a los resultados.
Prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documentos públicos, ocultamiento de documento público, borrado masivo y alteración de resultados electorales entre otros, son los delitos por los que debería responder Penagos.
Una denuncia penal radicada el 13 de octubre ante la Fiscalía General de la Nación abrió un nuevo capítulo en la controversia sobre las elecciones presidenciales de 2026. El señalado es Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, a quien un grupo de abogados y testigos electorales pide investigar por presuntas irregularidades en el manejo de documentos y sistemas informáticos.
La acción fue presentada por Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, y construida con la participación de la excongresista Tamara Argote y otros colaboradores. Su principal cuestionamiento no se limita a errores en el diligenciamiento de actas: apunta a la autenticidad, integridad y trazabilidad de los archivos digitales que respaldan el proceso electoral.
Las cifras que ponen bajo la lupa el sistema electoral
Los datos divulgados alrededor de la denuncia muestran la dimensión de los cuestionamientos:
- 44 páginas contiene el documento penal presentado ante la Fiscalía.
- Más de 7 millones de votos estarían relacionados, según los denunciantes, con patrones estadísticos que consideran sospechosos. Esta cifra no representa votos fraudulentos demostrados.
- 161 mesas electorales presentan, de acuerdo con el escrito, posibles inconsistencias entre ejemplares de documentos que deberían coincidir.
- 97 % de los formularios E-14 habrían quedado modificables, según una afirmación pública del expresidente Petro que la Registraduría controvierte.
- Más de 122.000 mesas tuvieron documentos publicados mediante la plataforma de consulta electoral, según la Registraduría.
Códigos hash y metadatos: el centro de la denuncia
Los denunciantes sostienen que detectaron presuntas anomalías en los mecanismos destinados a comprobar que los archivos electorales no fueron alterados. Entre los señalamientos figuran posibles modificaciones posteriores a la digitalización, ausencia de páginas escaneadas, reutilización de identificadores y problemas con los registros de tiempo de los documentos.
También cuestionan la supuesta preasignación de códigos hash antes del cierre de las urnas y su eventual reutilización entre las dos vueltas presidenciales.
Un código hash funciona como una huella digital de un archivo: permite comparar versiones y detectar cambios. Los metadatos, por su parte, pueden aportar información sobre la creación, procesamiento o modificación de documentos.
Por eso, la controversia exige examinar los archivos originales, sus registros de procesamiento y los procedimientos utilizados para publicarlos. La denuncia menciona posibles conductas como prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento o supresión de documentos, alteración de resultados electorales, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático, entre otras.
La Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer las cifras
El punto central ya no es solamente la controversia entre el expresidente Petro y el registrador Penagos. La denuncia plantea preguntas verificables sobre documentos, procedimientos informáticos y registros de votación. La Fiscalía deberá determinar si los hallazgos descritos por los denunciantes corresponden a errores de interpretación, fallas administrativas, problemas técnicos o posibles conductas delictivas.
También deberá establecer qué significa exactamente la cifra de más de siete millones de votos mencionada en los análisis y si existe alguna relación demostrable con los resultados oficiales. La confianza en las elecciones exige tanto investigar seriamente las denuncias como evitar que cifras todavía no comprobadas sean presentadas como prueba de fraude.
