Durante la jornada de movilización del 19 de noviembre surgieron denuncias de presuntos hostigamientos y actuaciones violentas de la Policía contra manifestantes en cuatro ciudades. Los reportes reclaman garantías para estudiantes y ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica.
La movilización nacional de este 19 de noviembre estuvo acompañada de denuncias sobre presuntas actuaciones represivas de la Fuerza Pública en Bogotá, Medellín, Popayán, Tunja y Barranquilla. Desde las primeras horas de la jornada, manifestantes y sectores sociales alertaron sobre posibles hostigamientos contra estudiantes y ciudadanos que participaban en las protestas.
Los reportes conocidos cuestionan la actuación de las autoridades y reclaman garantías para quienes salieron a las calles a expresar su rechazo a las políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Las denuncias también plantean interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades nacionales y locales en la protección del derecho a la manifestación pública y pacífica.
Bogotá y Barranquilla, entre los focos de las denuncias
En Bogotá, la representante del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán denunció una presunta intervención desproporcionada contra estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. La congresista cuestionó la actuación policial y reclamó garantías para quienes participaban en la movilización. La Silla Vacía
En Barranquilla, se reportó una intervención policial en la calle 30 con carrera 8, donde las autoridades buscaban levantar un bloqueo. Durante el procedimiento se utilizaron gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores, según registros difundidos por medios locales. La Silla Vacía
Medellín y Popayán también registraron agresiones
En Medellín, las inmediaciones de la Universidad de Antioquia fueron escenario de enfrentamientos durante la tarde. El alcalde Federico Gutiérrez ordenó despejar la calle Barranquilla, mientras las autoridades reportaron presunto lanzamiento de artefactos explosivos por parte de algunos participantes. Estos hechos requieren diferenciar a quienes incurrieron en posibles actos violentos de quienes se manifestaron pacíficamente. Noticias Caracol
En Popayán también circularon denuncias de hostigamiento policial, aunque no se dispone todavía de información independiente suficiente para establecer las circunstancias de cada intervención.
Las denuncias ponen bajo escrutinio la respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella y de las administraciones locales, incluida la Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán.
El Gobierno nacional ha defendido la intervención de la Policía frente a los bloqueos, mientras la Alcaldía de Bogotá había anunciado acompañamiento a las movilizaciones y reiterado su compromiso con el derecho a la protesta pacífica pero no cumplió su promesa
El derecho a manifestarse no puede quedar condicionado a la afinidad política con el Gobierno. Las autoridades tienen la obligación de proteger a los manifestantes pacíficos, prevenir agresiones y garantizar que cualquier uso de la fuerza sea necesario, proporcional y sometido a control.
Las denuncias de este 19 de noviembre exigen respuestas concretas: ¿cuántas personas resultaron lesionadas o detenidas?, ¿qué procedimientos policiales se realizaron y bajo qué justificación?, ¿qué medidas adoptaron las autoridades para proteger a los estudiantes?





