Nuevamente crece la tensión en el centro de Medellín. Organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de la economía popular denunciaron que, durante la madrugada de este martes, se adelantó un operativo de desalojo en el Parque Berrío que, según aseguran, contradice los compromisos adquiridos por la Alcaldía de Medellín, el Metro de Medellín y otras entidades durante varios meses de negociación.
De acuerdo con la denuncia, las mesas de concertación se instalaron para definir cómo se desarrollaría la intervención urbana del Parque Berrío y sus alrededores, una zona donde cientos de familias derivan su sustento de las ventas informales. Según los voceros de los vendedores, en esos espacios se había acordado que cualquier intervención se realizaría mediante consensos y alternativas que evitaran el desplazamiento de quienes trabajan en el lugar.
Sin embargo, sostienen que el procedimiento ejecutado en la madrugada se realizó con presencia de la fuerza pública y sin respetar los compromisos que, afirman, habían sido pactados previamente. Para las organizaciones, la actuación representa un nuevo incumplimiento por parte de la administración distrital y pone en riesgo el derecho al trabajo de decenas de personas.
La denuncia también señala que la intervención estaría relacionada con el proyecto de renovación urbana que contempla transformaciones en el sector del Parque Berrío y la construcción de un nuevo desarrollo comercial en la zona. Los vendedores insisten en que no se oponen a la renovación del centro de la ciudad, pero reclaman que esta no se haga a costa de quienes han construido allí su sustento durante años.
Por su parte, la Alcaldía de Medellín ha sostenido que el proceso hace parte de un plan de recuperación y reorganización del espacio público. La administración afirma que previamente adelantó jornadas de socialización y concertación y que alrededor de 160 vendedores fueron reubicados en sectores como los parques San Antonio y Bolívar, además de garantizar acompañamiento institucional durante el proceso.
No obstante, algunos vendedores y organizaciones sociales han manifestado que varios trabajadores no fueron incluidos en las soluciones ofrecidas o consideran insuficientes las garantías brindadas, por lo que continúan denunciando afectaciones a su actividad económica y al derecho al mínimo vital.
El caso vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre la recuperación del espacio público y la protección de los derechos de quienes dependen de la economía informal para subsistir, un tema que sigue generando posiciones encontradas entre la administración distrital y las organizaciones de vendedores.
