El despojo de tierras a campesinos durante los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) vuelve al centro del debate público, luego de que distintas cifras históricas señalen que millones de personas fueron expulsadas del campo en medio del recrudecimiento del conflicto armado.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, los dos periodos presidenciales de Uribe concentran más de 3,6 millones de víctimas, muchas de ellas relacionadas con desplazamiento forzado, uno de los principales mecanismos mediante los cuales campesinos abandonaron sus tierras.
Organizaciones como Codhes también reportaron que solo hasta 2010 se contabilizaban cerca de 2,4 millones de desplazados desde que Uribe llegó al poder, con cientos de miles de nuevos casos cada año.
Otros análisis ubican el fenómeno en cifras aún mayores. Investigaciones sobre despojo agrario señalan que el desplazamiento y la violencia permitieron una acumulación masiva de tierras, con estimaciones que van entre 6,5 y 10 millones de hectáreas despojadas o abandonadas durante los años más intensos del conflicto.
Este proceso estuvo estrechamente ligado a la expansión del paramilitarismo y la violencia territorial. Informes de derechos humanos indican que gran parte del desplazamiento forzado fue perpetrado por grupos paramilitares, en ocasiones con connivencia de actores armados y disputas por el control económico del territorio.
La Comisión de la Verdad y estudios académicos también han señalado que el conflicto generó una contrarreforma agraria, en la que comunidades campesinas fueron expulsadas y posteriormente las tierras se concentraron para proyectos agroindustriales, ganaderos o extractivos.
El impacto fue estructural: miles de comunidades rurales perdieron sus medios de subsistencia y Colombia profundizó uno de los niveles de concentración de tierra más altos de América Latina. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica ha advertido que el conflicto armado obligó a miles de campesinos a abandonar sus territorios, agravando la desigualdad histórica en el acceso a la tierra.
Años después, el Estado creó la política de restitución de tierras para intentar reparar a las víctimas. Sin embargo, el proceso ha sido lento y enfrenta riesgos, con amenazas y violencia contra reclamantes que buscan recuperar sus predios.
Hoy, el tema vuelve a la agenda política porque el acceso a la tierra sigue siendo una de las principales deudas del país. La discusión no solo es histórica: define el modelo rural y la posibilidad de una paz duradera en Colombia.
