El presidente Gustavo Petro anunció la formalización laboral de más de 2.300 madres comunitarias en todo el país, una medida que busca saldar una deuda histórica con quienes durante décadas sostuvieron el cuidado y la atención de la primera infancia en condiciones precarias.
La formalización implica que estas trabajadoras ahora tendrán contrato laboral, salario estable, acceso a seguridad social, prestaciones, pensión y protección integral, dejando atrás el modelo anterior en el que operaban mediante subsidios o pagos irregulares sin garantías laborales.
Según el Gobierno Nacional, esta política forma parte de la transformación del sistema de cuidado en Colombia y del cumplimiento de fallos judiciales que durante años reconocieron que las madres comunitarias ejercían una relación laboral real, aunque el Estado no la había formalizado plenamente.
Las madres comunitarias han sido fundamentales en el funcionamiento de los hogares infantiles, donde atienden a millones de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, especialmente en sectores populares y zonas rurales.
Con esta medida, el Ejecutivo asegura que avanza en la dignificación del trabajo de cuidado, históricamente feminizado y precarizado, y en la reducción de la informalidad laboral en el país.
Desde sectores sociales y organizaciones de mujeres se ha señalado que la formalización representa un paso clave hacia el reconocimiento del cuidado como un trabajo esencial para la economía y la sociedad.
Mientras el Gobierno formaliza derechos laborales para miles de mujeres cuidadoras, en Medellín y Antioquia persisten altos niveles de informalidad y tercerización laboral.
¿Debe el país avanzar hacia un sistema nacional de cuidado que garantice derechos para todas las trabajadoras del sector?
