La decisión de un grupo de diputados de la Asamblea de Antioquia de declarar “persona no grata” al senador Iván Cepeda Castro no solo desató una tormenta política en el departamento, sino que ahora abre un debate jurídico sobre los límites del poder de las corporaciones públicas.
La proposición fue aprobada por 14 diputados, luego de que el senador señalara en un discurso que Antioquia fue históricamente un territorio donde se consolidaron fenómenos como la parapolítica y el paramilitarismo.
Lejos de abrir un debate democrático sobre la memoria del conflicto armado, los diputados optaron por usar la institucionalidad para censurar políticamente a uno de los principales líderes de la oposición al uribismo.
La decisión podría constituir extralimitación de funciones
Diversos juristas advierten que declarar “persona no grata” a un senador por sus posiciones políticas podría interpretarse como una extralimitación de funciones por parte de la Asamblea.
Las asambleas departamentales tienen competencias claras en materia de control político y ordenamiento territorial, pero no están facultadas para emitir sanciones políticas contra congresistas por sus opiniones o posturas públicas.
En ese contexto, la decisión podría abrir la puerta a investigaciones por prevaricato por acción, una conducta que se configura cuando un servidor público adopta decisiones contrarias al ordenamiento jurídico o fuera de sus competencias.
De prosperar una investigación disciplinaria o judicial, los diputados que promovieron la proposición podrían enfrentar sanciones que incluso comprometerían la permanencia en sus curules.
Un intento de silenciar el debate sobre el paramilitarismo
La controversia también reabre un debate histórico sobre el papel que tuvo Antioquia en el auge del paramilitarismo durante el conflicto armado.
Procesos judiciales y hallazgos documentados en la Jurisdicción Especial para la Paz han señalado cómo estructuras paramilitares operaron con fuerza en varias regiones del departamento durante las décadas más violentas del país.
Por eso, distintos sectores políticos consideran que la reacción de los diputados no busca defender al departamento, sino evitar que se discutan verdades incómodas sobre la historia reciente del poder político en Antioquia.
La controversia apenas comienza
La decisión contra el senador Iván Cepeda Castro podría terminar generando un efecto contrario al que buscaban sus promotores: abrir un debate nacional sobre el uso de las instituciones para perseguir o censurar posiciones políticas incómodas para la derecha antioqueña.
