La Policía nacional reportó que para el 2025 la cifra de homicidios en Colombia se redujo en un 63% con respecto a otros años y con respecto a los gobiernos anteriores como el de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Esta reducción implica que también el debate público debe tener en cuenta que se ha reducido la violencia letal en el país gracias a la cultura de la discusión que el gobierno del cambio ha impulsado.
En las cifras comparativas de la Policía se establece que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se produjeron 107.102 asesinatos, mientras que en el gobierno de Iván Duque la cifra alcanzó los 47.150 homicidios. En contraste, en el gobierno de Gustavo Petro se registraron cerca de 34.000 asesinatos. Aunque esta cifra sigue siendo profundamente dolorosa, representa un alivio significativo para un país que ha estado inmerso por más de 80 años en dinámicas de violencia política, armada y social.
Esta reducción no se presenta como un fenómeno aislado, sino como parte de una transformación del enfoque de seguridad. A diferencia de modelos centrados exclusivamente en la confrontación militar, el actual gobierno ha priorizado una estrategia de seguridad humana, diálogo territorial y contención de la violencia letal, incluso en contextos donde persisten disputas armadas y economías ilegales.
De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional y análisis comparativos interanuales, la tendencia a la baja en homicidios se sostiene a pesar del aumento del ruido mediático sobre hechos violentos puntuales. Esto evidencia una desconexión entre la percepción promovida por ciertos sectores mediáticos y la realidad estadística del país. Menos asesinatos significa menos familias destruidas, menos comunidades golpeadas por la muerte y un impacto directo en la vida cotidiana de millones de colombianos.
Según diversos analistas, estos datos deben sustentar el debate público en torno a los esfuerzos de paz que adelanta el Gobierno Nacional. Aunque la cobertura de los medios empresariales insiste en amplificar hechos de violencia ligados al narcotráfico y a grupos armados, es fundamental que la discusión nacional se base en datos objetivos y verificables, y no en elaboraciones mediáticas orientadas al miedo o la desinformación.
La reducción de la violencia letal no implica la negación de los desafíos pendientes, pero sí desmonta la narrativa de fracaso absoluto que intenta imponerse. Los hechos muestran que el país no está peor, como se repite insistentemente, sino que avanza —con dificultades— hacia una disminución real de la muerte violenta, un indicador clave para cualquier proceso serio de paz y reconciliación nacional.
