La intervención militar en la Universidad Industrial de Santander para retirar símbolos de solidaridad con Palestina plantea un grave cuestionamiento al Gobierno de Abelardo de la Espriella. La autonomía universitaria es una garantía democrática consagrada en la Constitución, no una concesión del poder político.
Una denuncia sobre el ingreso de integrantes del Ejército Nacional a la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, para retirar banderas de Palestina, enciende las alarmas sobre un asunto fundamental: ¿con qué autoridad podrían los militares intervenir en una universidad pública para impedir una expresión política de sus estudiantes?
El Ejército colombiano está al servicio de la Constitución y de las instituciones del país, no de los intereses políticos de Israel ni de ningún otro Gobierno extranjero
La autonomía universitaria no se negocia
El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria. Este principio protege a las instituciones de educación superior frente a interferencias arbitrarias y permite que sean espacios de pensamiento crítico, pluralismo y debate democrático.
El Ejército no puede convertirse en un instrumento para decidir qué banderas pueden exhibirse, qué causas pueden defenderse o qué opiniones políticas pueden expresarse dentro de una universidad. Además de la autonomía universitaria, el procedimiento denunciado podría comprometer la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución, y el derecho a la manifestación pacífica, reconocido en el artículo 37.
La solidaridad con Palestina, expresada pacíficamente mediante una bandera, constituye una manifestación política que goza de protección constitucional. Su contenido no es, por sí mismo, una justificación para restringirla.
Colombia conoce las consecuencias de militarizar los espacios universitarios
La historia del país registra episodios dolorosos de intervención de la fuerza pública contra el movimiento estudiantil. En junio de 1954, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, estudiantes fueron asesinados en Bogotá en medio de jornadas de protesta y represión. Décadas después, en 1984, la Universidad Nacional también fue escenario de una intervención de la fuerza pública que marcó profundamente su historia.
Estos antecedentes muestran por qué el ingreso de personal armado a las universidades exige controles especialmente estrictos. En la historia reciente, una eventual intervención militar dirigida específicamente a retirar símbolos de solidaridad con Palestina constituiría un episodio particularmente preocupante para las libertades universitarias.
Lo que resulta incompatible con una democracia es utilizar al ejército arbitrariamente para censurar expresiones políticas.
¿Quién dio la orden y con qué fundamento?
El Gobierno de Abelardo de la Espriella debe explicar si conoció el procedimiento denunciado, qué unidad militar habría participado y cuál fue la justificación legal para intervenir en la UIS. También corresponde establecer si las directivas universitarias fueron informadas y si existió alguna circunstancia de seguridad que pudiera justificar la presencia de uniformados.
El Ejército colombiano está al servicio de la Constitución y de las instituciones del país, no de los intereses políticos de Israel ni de ningún otro Gobierno extranjero. Hasta ahora no existe evidencia verificada de que autoridades israelíes hayan intervenido en el episodio denunciado. Precisamente por eso resulta indispensable esclarecer quién ordenó retirar las banderas y por qué.
Una democracia no puede tratar la solidaridad internacional, la protesta estudiantil o las opiniones contrarias al poder como amenazas que deban resolverse militarmente. La universidad pública debe seguir siendo un espacio para pensar, disentir y cuestionar. Si el Ejército ingresó para retirar banderas por lo que representan, las autoridades tendrán que responder por una actuación que comprometería directamente la autonomía universitaria y las libertades democráticas.
