El nombre de Álvaro Uribe Vélez vuelve a aparecer en escenarios internacionales, esta vez ligado a iniciativas jurídicas que se mueven desde Argentina para investigar los llamados “falsos positivos”.
Estas acciones no surgen de la nada. Se basan en el principio de jurisdicción universal, una figura del derecho internacional que permite a tribunales extranjeros investigar crímenes de lesa humanidad, incluso si fueron cometidos fuera de su territorio.
El foco está en las más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde civiles fueron asesinados por agentes del Estado y presentados como bajas en combate.
Durante el periodo en que ocurrieron la mayoría de estos hechos (2002–2010), Uribe era el presidente de Colombia, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a insistir en la necesidad de investigar posibles responsabilidades en niveles más altos de mando.
Desde hace más de una década existen denuncias internacionales sobre este caso. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la presión para que estos hechos trasciendan el ámbito nacional, ante cuestionamientos sobre los alcances de la justicia en Colombia.
Argentina no es ajena a este tipo de procesos. Ha aplicado la jurisdicción universal en casos relacionados con violaciones de derechos humanos en otros países, lo que la convierte en un escenario posible para este tipo de acciones.
Es importante precisar que, hasta el momento, no hay confirmación pública de una citación formal directa contra Uribe por parte de la justicia argentina. Lo que sí existe es un movimiento jurídico en curso que busca escalar el caso a instancias internacionales.
Este escenario reabre un debate de fondo: si los crímenes más graves del conflicto colombiano pueden quedar únicamente en manos de la justicia nacional o si deben ser examinados también por instancias internacionales.
