Una denuncia encendió las alarmas sobre un contrato cercano a los $51 mil millones para intervenir vías de Medellín. El representante a la Cámara Hernán Muriel aseguró que detrás del proceso aparece Emilio Tapia, condenado por hechos del carrusel de la contratación de Bogotá y vinculado judicialmente al caso Centros Poblados.
La denuncia golpea directamente el discurso anticorrupción del alcalde Federico Gutiérrez. Muriel cuestionó cómo una persona con los antecedentes judiciales de Tapia podría terminar relacionada con un negocio multimillonario de infraestructura durante la actual administración y anunció que su equipo radicó 14 derechos de petición para profundizar en la investigación.
Una columna oculta y $51 mil millones bajo la lupa
Según la denuncia divulgada por Muriel y su equipo de Cofradía, uno de los puntos que genera mayores interrogantes está en un archivo de Excel utilizado dentro del proceso de contratación. Allí habría existido una “columna oculta” que habría incidido en la evaluación de la licitación. Por ahora, esta afirmación corresponde a la denuncia y deberá ser contrastada con el expediente contractual completo y las respuestas oficiales de la Alcaldía y los organismos de control.
Muriel aseguró que fueron presentados 14 derechos de petición y que también solicitaron la intervención de los entes de control. Esas actuaciones podrían permitir establecer qué empresa o estructura empresarial obtuvo el contrato, cuál es exactamente su relación con Tapia y qué efecto tuvo la información contenida en el archivo señalado.
De denunciar a Tapia a tener que explicar su aparición en Medellín
El episodio resulta especialmente incómodo para Federico Gutiérrez. El propio alcalde ha utilizado anteriormente el nombre de Emilio Tapia para denunciar presuntas redes de corrupción relacionadas con Afinia. Ahora su administración tendrá que explicar con documentos por qué el nombre del contratista aparece relacionado en una denuncia sobre un proceso de infraestructura de Medellín y si existieron controles suficientes para proteger los recursos públicos.
Tapia no es un desconocido para la justicia colombiana. La Corte Suprema ha documentado su participación en hechos del carrusel de la contratación de Bogotá y su nombre también quedó ligado judicialmente al escándalo de Centros Poblados. Eso no demuestra por sí solo una irregularidad en el contrato denunciado en Medellín, pero sí aumenta el deber de transparencia y explicación pública.
El nuevo cuestionamiento se suma a otras alertas sobre la contratación de la administración de Gutiérrez. Hace pocos días, Noti Toro informó sobre denuncias de presuntas irregularidades en un megacontrato del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.
¿Quién responde por los $51 mil millones?
La pregunta ahora no puede quedarse en redes sociales. La Alcaldía de Medellín debe explicar públicamente quién resultó adjudicatario, cuáles fueron los criterios de evaluación, qué contenía la supuesta columna oculta y cuál es el vínculo empresarial o contractual que permitiría relacionar a Emilio Tapia con el negocio.
Hasta que esas respuestas y el expediente completo sean conocidos, no es riguroso afirmar que Tapia sea “socio” personal de Federico Gutiérrez ni que se haya probado un delito en esta contratación. Lo que sí existe es una denuncia pública sobre $51 mil millones que merece control político, vigilancia de los organismos competentes y una respuesta documentada de la administración distrital.
