En los últimos días se desató una fuerte polémica alrededor del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, tras un incremento del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional, que sitúa la remuneración legal mensual alrededor de 2.000.000 de pesos con auxilio de transporte para millones de trabajadores colombianos.
Este aumento fue presentado por el Gobierno como un avance hacia un “salario mínimo vital”, concepto que hace referencia a un ingreso que tenga en cuenta no solo la inflación, sino también la valoración digna del trabajo y los estándares internacionales como los definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), uno de los gremios económicos más influyentes del país, ha dicho “basta”. La organización empresarial decidió demandar ante el Consejo de Estado el decreto que fijó dicho aumento, solicitando además la suspensión inmediata de su aplicación, al considerarlo contrario a la ley y potencialmente dañino para la economía nacional.
¿Qué argumenta Fenalco?
Para Fenalco, los señalamientos principales son:
• Según el gremio, el Gobierno ignoró las reglas legales establecidas en la Ley 278 de 1996, al reemplazar variables técnicas obligatorias (inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional) por el concepto de “salario vital” que, según ellos, no tiene validez jurídica vinculante.
• El decreto vulnera la competencia técnica del DANE para definir e interpretar cifras como la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pieza clave para medir inflación y capacidad de compra.
• Según Fenalco, el resultado podría desencadenar una ola de efectos negativos: pérdida de empleo formal (se habla de más de 770.000 puestos de trabajo en riesgo), aumento de la informalidad, cierre de micro y pequeñas empresas, presiones inflacionarias adicionales y graves efectos sobre las finanzas públicas.
Desde la perspectiva del gremio, este aumento desproporcionado no solo es insostenible técnica y jurídicamente, sino que además, golpearía de forma más dura a los trabajadores que supuestamente intenta beneficiar, ya que al elevar los costos de producción las empresas podrían trasladar esos gastos a los precios de bienes y servicios esenciales.
¿Qué dicen los trabajadores y sectores sociales?
La discusión no puede limitarse a argumentos técnicos de gremios y cifras macroeconómicas. Este incremento implica un debate fundamental sobre la dignidad del trabajo, el poder de compra real de millones de hogares y la capacidad de asegurar condiciones de vida justas para la clase trabajadora en Colombia.
Mientras sectores empresariales sostienen que un ajuste excesivo puede erosionar empleos, sindicatos y organizaciones de trabajadores han sostenido que el salario mínimo debe acercarse a un valor que cubra las necesidades básicas de una familia promedio, considerando alimentación, vivienda, educación y transporte, y no solo índices técnicos de inflación o productividad.
Este choque refleja una tensión profunda entre una lógica puramente económica y empresarial, y una lógica social, laboral y de justicia distributiva. El concepto de un salario mínimo vital busca precisamente transitar hacia una remuneración que reconozca la dignidad del trabajo y la necesidad de garantizar condiciones de vida para quienes más sostienen nuestra economía con su labor diaria.
Una pelea que va más allá del empleo
La demanda de Fenalco ante el Consejo de Estado no es solo un reclamo técnico: es una ofensiva política para frenar una política salarial que el Gobierno y los trabajadores perciben como un avance social. La carta de Fenalco insiste en que la medida es “irresponsable” y producto de un “populismo electoral”, sugiriendo que fue tomada sin una negociación tripartita sólida ni respeto por las prácticas tradicionales de concertación en Colombia.
Si el Consejo de Estado decide suspender temporalmente el decreto, Colombia podría ver un retroceso en los derechos laborales alcanzados recientemente, afectando el poder de compra de millones de personas que viven con ingresos cercanos al salario mínimo.
